COYUNTURA
NUSO Nº 298 / MARZO – ABRIL 2022

En las cloacas de la política. Politización y cuentapropismo de la inteligencia argentina

Natalia A. Volosin

En Argentina, el reciente escándalo por el uso de los servicios de inteligencia para armar causas judiciales contra opositores y sindicalistas durante el gobierno de Mauricio Macri dejó en evidencia, una vez más, el papel extorsivo de los espías argentinos y las imposibilidades de construir una agencia moderna, acorde con el Estado de derecho.

Los servicios de inteligencia se dedican, como se dice en la jerga argentina, a «carpetear» (extorsionar y comprar) a jueces, políticos, periodistas y empresarios; a armar y desarmar causas judiciales; a financiar ilegalmente campañas políticas; al crimen organizado; incluso a encubrir atentados terroristas. A fines de diciembre de 2021, en la Agencia Federal de Inteligencia (afi) se encontró un disco con un contenido particular: se trata de videos de una reunión realizada en 2017 en oficinas del Banco de la Provincia de Buenos Aires durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal, en la que su ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, coordina con un grupo de empresarios de la construcción el impulso de una causa penal por extorsiones y amenazas contra un poderoso y cuestionado sindicalista. Allí el entonces ministro lanza la frase destinada a causar escándalo en caso de ser filtrada (y lo fue): «Creeme que si yo pudiera tener –y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte– si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría». Hoy la justicia investiga el caso, pero la historia del uso de la inteligencia con fines políticos y la propia autonomía de los espías para generar sus actividades por cuenta propia son tan viejas como la propia institución, pese a los cambios de nombres y personajes durante el siglo xx y lo que va del xxi.

Desde la transición democrática de 1983 hubo varias reformas, pero ninguna logró conciliar las necesidades de inteligencia propias de un Estado moderno con los principios básicos de una democracia constitucional: el secreto es necesario para la efectividad de las actividades de inteligencia, pero se opone a la transparencia y la publicidad. Todos los sistemas lidian mejor o peor con este dilema que, además, es paradojal, pues los Estados requieren la información también para proteger la democracia. 

Ni las repúblicas más robustas, y menos aún las latinoamericanas, están libres de escándalos de politización de los organismos de inteligencia; por el contrario, abundan los casos de servicios que se autonomizan y usufructúan su carácter clandestino, desde la venta ilegal de información a particulares hasta la participación directa en organizaciones criminales¹. En Argentina están presentes los dos tipos de problemas: politización y cuentapropismo. 

Pero no es imposible encontrar el equilibrio. La academia y diversas organizaciones no gubernamentales han publicado extensamente sobre el tema². Un menú abreviado de lo que habría que hacer incluye: desconcentración de las distintas actividades de inteligencia; control interno de cada área; prohibición de que los organismos no policiales hagan inteligencia criminal, salvo en casos de amenazas a la seguridad del Estado o al sistema democrático; transparencia del control externo; ombudsman para el control ciudadano; requerimiento de escuchas sin intermediación (que los jueces se lo pidan directamente a las empresas telefónicas); reducción de fondos reservados a lo estrictamente necesario; profesionalización del personal; fortalecimiento del control legislativo; y desclasificación activa de información.

El problema esctructural

No parece tan complejo. Pero entonces, ¿por qué no se hace? Una respuesta es que, como ocurre con la economía política de muchas reformas institucionales, no hay suficientes incentivos. Hay dos obstáculos fundamentales. Primero, el cortoplacismo. Los políticos viven del apoyo popular. Los escándalos son propicios para las reformas porque la demanda ciudadana obliga a restaurar la confianza. Sin embargo, el habitual cortoplacismo hace que cuando aumenta la presión social nadie haya planificado nada y que los cambios fracasen o no tengan un impacto tangible³. 

Esto es especialmente grave en Argentina. Como explican Pablo Spiller y Mariano Tommasi, la práctica institucional a partir del golpe de Estado de 1930 produjo un sistema muy frágil en el que es imposible lograr acuerdos intertemporales entre grupos que gobiernan en distintos momentos. Las interacciones son siempre cortoplacistas y, en consecuencia, las políticas públicas son de baja calidad, improvisadas, incoherentes e inestables⁴. Segundo, la política suele convencerse de que hay que cambiar no solo por la demanda ciudadana, sino porque responde a presiones de grupos de interés influyentes. Pero si esas corporaciones (medios, empresas, jueces, abogados) son una parte privilegiada que se alimenta del sistema, difícilmente querrán cambiarlo. Fu Hualing lo explica en el contexto de las políticas de lucha contra la corrupción en la China comunista: se aceptan cambios, incluso se cortan cabezas, pero todo tiende a reforzar el statu quo (eliminar enemigos políticos, limitar a las burocracias administrativas, restaurar la confianza en el partido)⁵. Las reformas que amenazan en serio el sistema son inadmisibles, aunque eso sea precisamente lo que se necesite. 

La historia de las reformas en la era democrática en Argentina es la historia de estos dos obstáculos. Las purgas, los cambios de caras y las modificaciones legislativas giraron alrededor del cortoplacismo producido por el descubrimiento de actividades non sanctas y por las necesidades del poder. No solo del poder político, sino también de empresarios, sindicalistas, periodistas, lobistas, jueces, fiscales y estudios de abogados que se alimentan de este sistema, que desde los tiempos del gobierno de Carlos Menem se conoce en el mundo de la política argentina como la «cadena de la felicidad».

Como consecuencia de ello, los cambios han sido pura cosmética o insostenibles en el tiempo. Algunas de las últimas reformas implementadas por el gobierno de Alberto Fernández, trascendentales en lo sustancial, también son, por esas mismas razones estructurales, precarias.

La inteligencia predemocrática

La primera agencia civil de inteligencia del país fue la Coordinación de Informaciones de Presidencia de la Nación (cipn), creada por un decreto de Juan Domingo Perón⁶ en 1946 y luego denominada Coordinación de Informaciones del Estado (cide). Dependía directamente del presidente y funcionaba en un despacho contiguo al suyo. La dirigía Rodolfo «Rudi» Freude, señalado como responsable de organizar el refugio de criminales nazis⁷. La cide centralizaba y coordinaba información vinculada con la seguridad externa, pero también con la detección de «enemigos internos»⁸. 

Con el golpe de Estado de 1955, la autodenominada «Revolución Libertadora» hizo una purga masiva y en enero de 1956, con un decreto secreto, transformó la cide en Secretaría de Informaciones del Estado (side). El nuevo organismo se dedicó al proceso de «desperonización» y a la persecución del comunismo. Estuvo a cargo del infame general Juan Constantino Quaranta. La principal innovación de la época fue la creación de gastos reservados para la side⁹, organismos de seguridad e incluso el Congreso de la Nación mediante dos decretos secretos de 1955 y 1956¹⁰. En 1969, una «ley» del presidente de facto Juan Carlos Onganía¹¹, también secreta, limitó los fondos a determinados organismos, incluyendo la Secretaría¹². 

La side fue crucial para el plan de Conmoción Interna del Estado (Conintes), el programa secreto de represión del gobierno de Arturo Frondizi por el cual las Fuerzas Armadas persiguieron, detuvieron y condenaron en juicios sumarios a trabajadores, estudiantes e intelectuales. En febrero de 1973 se dictó otra «ley» secreta (un decreto del presidente de facto Agustín Lanusse) que reguló el funcionamiento de la side y mantuvo los fondos reservados. Estuvo vigente hasta 2001. La side también tuvo un rol fundamental en la violencia paraestatal de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple a) durante el tercer gobierno peronista (1973-1976), en especial a través de la banda de Aníbal Gordon, un delincuente común que comandó una patota especializada en contrainsurgencia y que, en paralelo, cometía robos y secuestros extorsivos. 

En octubre de 1975, la famosa Directiva 1/75 del Consejo de Defensa que estableció la «ofensiva contra la subversión para detectar y aniquilar las organizaciones subversivas» puso a la side bajo control funcional del Ejército. Gordon pasó a comandar una base secreta que siguió manejando durante la dictadura junto con Raúl Guglielminetti, torturador del Batallón 601 del Ejército condenado a prisión perpetua en 2006. Era el centro clandestino de detención Automotores Orletti, fuertemente vinculado al Plan Cóndor, programa cuya meta era coordinar la represión entre los países del Cono Sur¹³. 

Durante la última dictadura militar, en mayo de 1976, el organismo se transformó en Secretaría de Inteligencia del Estado (side), nombre que mantuvo hasta 2001¹⁴. Entre 1976 y 1983, fue un apéndice de la inteligencia militar y un instrumento clave del terrorismo de Estado.

Las reformas «democráticas»

Raúl Alfonsín, presidente de la transición, modificó la exigencia de que la side fuera comandada por un militar y designó a un civil, el abogado Roberto Pena. Pena hizo una purga masiva de 860 empleados (familiares y amigos de militares) a quienes reemplazó con militantes de la Unión Cívica Radical (ucr), pero no mucho más¹⁵. Comenzaban los cambios cosméticos y la generación de la denominada «mano de obra desocupada», dos clásicos hasta la actualidad. La purga fue insuficiente para subordinar a una agencia que había estado casi 40 años al servicio de la corporación militar. Entonces el gobierno de la democracia cometió lo que podríamos llamar el «pecado original», con un movimiento que se repetiría en el futuro: en lugar de reformarla, armó una side paralela. 

Se la conoció como «Grupo Alem» (por la calle en que funcionaba) y decía reportar ante el subsecretario general de la Presidencia Dante Giadone. La idea la promocionaron dos tenientes de la Marina que habían aportado datos útiles sobre el pacto entre los militares y el sindicalismo peronista que denunciaba Alfonsín¹⁶. Los comandaba ni más ni menos que el torturador Guglielminetti y lo integraban otros ex-integrantes del Batallón 601, conocido por su aciago pasado en la dictadura. 

Guglielminetti también fue apuntado por famosos secuestros de empresarios en la década de 1980, como los que hacía la banda de su amigo Gordon en los años 70. La aparición de una foto de Alfonsín con el torturador hizo estallar el escándalo. Algunos dijeron que era custodio del presidente; otros, un agente infiltrado de inteligencia. En cualquier caso, lideraba una side paralela.

En 1988 se sancionó la Ley 23.554 de Defensa Nacional, que limitó las competencias de la inteligencia militar a las amenazas externas. Para la side fue irrelevante: ya no trabajaba para el poder militar, sino para sus propios intereses y los del poder político.

Todo se intensificó durante los dos gobiernos de Carlos Menem, en los que el presupuesto de inteligencia se multiplicó por diez¹⁷. Lo único destacable de la época fue el impacto marginal de la Ley 24.059 de Seguridad Interior de 1992, que creó una Comisión Bicameral del Congreso con facultades para investigar a los organismos de inteligencia. 

La side estuvo casi toda la década a cargo de Hugo Anzorreguy, vinculado a la justicia penal federal a través del estudio jurídico que compartía con su hermano Jorge, influyente ex-juez. En este periodo se establecieron las bases del funcionamiento perverso que subsisten hasta la actualidad, cuyo actor crucial es el Poder Judicial. ¿Con qué objetivo? El de siempre: ayudar a los amigos y combatir a los enemigos, desde el comunismo y el peronismo en los años 50 hasta la «subversión» en los 70 y luego, en democracia, simplemente a la oposición. 

A este nuevo actor, al igual que a los medios de comunicación, se lo compró con sobres llenos de dinero de los fondos reservados, pero también se lo hizo dependiente de la side. ¿Cómo? Con el monopolio de la interceptación de comunicaciones, crucial para las investigaciones criminales complejas. 

Hasta 1992 las escuchas estaban a cargo de la empresa pública de telecomunicaciones entel, que respondía órdenes judiciales desde su Dirección de Observaciones Judiciales: la «Ojota» (oj). En octubre, con la privatización de entel, el gobierno la trasladó por decreto a la side¹⁸. Ahora los jueces ya no podían conseguir intervenciones sin pasar por el Poder Ejecutivo. Con el tiempo, las escuchas empezaron a pedirse directamente desde la side sin orden judicial¹⁹ o con órdenes falsas, incluso para alimentar servicios ilegales de empresas de seguridad de los propios agentes. A la side de Anzorreguy se le pasó por al lado el atentado terrorista contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992 y dos años después, el ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (amia), aún más cruento (hubo 85 muertos y 300 heridos). Los responsables de contrainteligencia eran Jorge Luis Lucas y un tal Antonio «Jaime» Stiuso, quien luego saltaría de las sombras a la fama y que formaba parte de la agencia desde 1972. 

Como si tamaña ¿negligencia? fuera poco, los fondos reservados de la side se usaron para encubrir el atentado contra la amia. El caso fue investigado por el juez federal Juan José Galeano (designado en la magistratura a pedido de Anzorreguy)²⁰, quien más tarde fue condenado por pagarle 400.000 dólares al imputado Carlos Telleldín con dinero del organismo de inteligencia para que incriminara a policías bonaerenses. Se cree que el objetivo era encubrir la denominada «pista siria» que apuntaba a Knoor Edul, amigo de Menem vinculado a Moshen Rabbani, agregado cultural de la Embajada de Irán en Buenos Aires. Según archivos desclasificados en 2015 por un decreto de Cristina Fernández de Kirchner²¹, Rabbani estuvo en la side en una plácida reunión con el subdirector del organismo dos años después del atentado. En 2005, Argentina llegó a una solución amistosa con víctimas y familiares de víctimas del atentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh). El Estado reconoció su responsabilidad y se comprometió a transparentar el uso de los gastos secretos²². Pero esto ocurrió recién diez años después, y no por buenas razones. 

Los gastos reservados de la side también se usaron para pagarles 466 millones de dólares en sobresueldos a altos funcionarios del gobierno menemista. Anzorreguy fue procesado; Menem y su ministro de Economía Domingo Cavallo resultaron condenados. La información la dio a conocer en 2003 María Julia Alsogaray, secretaria de Ambiente (1991-1999) condenada por corrupción, para intentar justificar su enriquecimiento ilícito.

Durante el gobierno de la Alianza que comandó Fernando de la Rúa (1999-2001), el Congreso reemplazó el régimen vigente desde 1973 con una nueva Ley de Inteligencia Nacional (Ley 25.520 y Decreto 950/02). Pero no lo hizo por amor a la patria, sino impulsado por un escándalo: el de las «coimas» del Senado. En junio de 2000, un diario reveló que senadores peronistas habían recibido pagos ilegales del gobierno para aprobar una ley de flexibilidad laboral que pedía el Fondo Monetario Internacional (fmi)²³. Se inició una investigación y se acusó al ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, de haber hecho los pagos con fondos… de la side. En 2003, el secretario parlamentario Mario Pontaquarto confesó que había llevado una valija con más de cuatro millones de dólares a la casa de un senador. Se incriminó a sí mismo, a De la Rúa, a quienes estaban a cargo de la inteligencia en ese momento y a 12 senadores peronistas²⁴. El caso terminó con todos absueltos en 2013 y se cerró definitivamente en 2016.

Además de producir una crisis institucional sin precedentes, el escándalo motivó la reforma de la Ley de Inteligencia. La nueva norma cambió el nombre de la side a Secretaría de Inteligencia (si) y estableció límites a las actividades de inteligencia. Les prohibió realizar tareas represivas y cumplir por sí funciones policiales o de investigación criminal (salvo a pedido de autoridad judicial); obtener información de personas por razones políticas, religiosas, sindicales, etc.; influir en la vida institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en la vida interna de los partidos o en la opinión pública; y revelar información de inteligencia sin orden judicial. Pero al disponer una excepción para cooperar con el Poder Judicial y dejar las escuchas en manos de la si, se mantuvieron las relaciones promiscuas de siempre. La ley también creó una Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia a la que, como novedad, facultó a monitorear los fondos reservados. Fue el primer control desde que se crearon en 1955. También dispuso la intervención de la Comisión en una consulta no vinculante para designar al titular de la nueva si. No obstante, limitó absurdamente su acceso a información clasificada a lo que decida el propio Poder Ejecutivo. La Comisión empezó a funcionar recién en 2004. Todo lo que hace es secreto.

En 2004 se le pidió la renuncia al entonces ministro de Justicia de Néstor Kirchner Gustavo Béliz, quien acusó a la si de tener como rehén o como cómplice al gobierno. La llamó «la Gestapo de la era democrática». Al día siguiente, en un programa de televisión, Béliz mostró una foto del espía Stiuso. Le armaron una causa por violación de secretos de Estado, recibió amenazas y se fue del país (hoy Béliz es secretario de Asuntos Estratégicos del presidente Alberto Fernández). 

El amor entre el gobierno y la si de Stiuso continuó hasta que diez años después, en diciembre de 2014, la presidenta Cristina Fernández, en medio de internas políticas de cara a las elecciones presidenciales de 2015, advirtió que perdía el control del organismo, lo descabezó y echó al poderoso espía. Entonces se dijo que la presidenta tenía una afi paralela a cargo del jefe del Ejército César Milani, quien debió renunciar en 2015 para enfrentar causas por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Mano de obra desocupada, otra vez. 

En enero de 2015, el fiscal Alberto Nisman denunció a Cristina Fernández por encubrir el atentado a la amia con la firma de un memorándum de entendimiento con Irán en 2013. Un día antes de declarar ante una comisión del Congreso, Nisman apareció muerto en su departamento con un tiro en la cabeza. Dos meses después, el Congreso reformó la Ley de Inteligencia²⁵. 

La si se transformó en la Agencia Federal de Inteligencia (afi), a cargo de un director y subdirector designados con acuerdo del Senado. Además, se limitó el uso de fondos reservados a las actividades de inteligencia y se dispuso el registro y documentación de todos los gastos, reservados o no. Se cumplía así el acuerdo amistoso por amia que se había hecho diez años antes, en 2005. También se transfirieron las escuchas a la Procuración General de la Nación. 

No obstante, se mantuvo el limitadísimo control de la Comisión Bicameral y el rol de la agencia como auxiliar de la Justicia, y se habilitó la producción de inteligencia criminal no solo respecto de delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, sino también de delitos federales complejos (terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos), que deberían ser investigados por las policías. 

El presidente Mauricio Macri le entregó la afi a un íntimo amigo y socio, Gustavo Arribas, y a Silvia Majdalani, ex-diputada menemista e integrante de la Comisión Bicameral, desde donde había tejido importantes relaciones con la comunidad de espías²⁶. 

A días de asumir, el 29 de diciembre de 2015, Macri transfirió la oficina de escuchas de la Procuración a la Corte Suprema por un decreto de necesidad y urgencia²⁷. El Tribunal hizo algo de berrinche, pero en febrero de 2016 dijo que sí. La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (dajudeco) fue muy criticada por filtraciones que se usaron a partir de 2015 para hacer operaciones políticas en los medios de comunicación. La Corte nunca dijo nada.

En marzo de 2016 Macri derogó por decreto el nuevo régimen de administración de fondos reservados y todo volvió a ser secreto²⁸. Su administración fue acusada de usar a la afi para perseguir a sus adversarios políticos, a sus socios partidarios y a sus familiares. Hay múltiples causas y más de diez agentes fueron procesados. Los altos mandos fueron desvinculados por un fallo de la Cámara Federal, que consideró que los espías actuaban por sus propias motivaciones.

La respuesta de los «cuentapropistas» no se hizo esperar. Al poco tiempo, la afi encontró el mencionado disco con el video de una reunión de funcionarios de la ex-gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal con empresarios y tres altos jerarcas de la agencia de inteligencia para armar una causa contra un gremialista acusado de corrupción²⁹. Y fue allí donde el ministro de Trabajo pronunció la frase referida a la Gestapo antisindical. La «Gestapo» estaba ahí, como había advertido Béliz en 2004. Macri, a su vez, fue procesado por espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino ara San Juan, que se hundió a fines de 2017 con sus 44 tripulantes. Ya había sido procesado en 2010 por integrar una asociación ilícita dedicada a hacer escuchas ilegales a sus opositores políticos e incluso familiares del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de lo que fue desvinculado ya siendo presidente³⁰. 

En 2019, apenas asumió, Alberto Fernández intervino la agencia por seis meses mediante un decreto de necesidad y urgencia³¹ que prorrogó sucesivamente³² y derogó el decreto de Macri con el fin de volver a limitar y transparentar los fondos reservados. Además, por un dnu de marzo de 2020 modificó la Ley de Inteligencia para impedir que los organismos colaboren en investigaciones criminales³³. 

Los cambios son fundamentales en su sustancia, pero contingentes en lo procedimental. En lugar de una designación con acuerdo del Senado, la afi está intervenida. La interventora elaboró un anteproyecto de nueva Ley de Inteligencia con un consejo de expertos, pero el presidente no lo envió al Congreso y reformó la ley por decreto. Las escuchas continúan en manos de la Corte, lo que viola el principio básico de que «quien autoriza no escucha y quien escucha no autoriza»³⁴. 

Purgas para meter a los propios, mano de obra desocupada que utiliza la inteligencia para cometer delitos, agencias paralelas, cambios cosméticos, reformas mediante decretos presidenciales, persecución de enemigos políticos y descontrol. Esta es la historia de politización y cuentapropismo del principal organismo de inteligencia argentino.

Una deuda permanente de la democracia desde 1983.

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• 1.Florina Cristiana Matei y Carolyn Halladay: «The Role and Purpose of Intelligence in a Democracy» en F.C. Matei y C. Halladay (eds.): The Conduct of Intelligence in Democracies: Processes, Practices, Cultures, Lynne Rienner, Boulder, 2019
• 2.José Manuel Ugarte, uno de los principales referentes, tiene infinidad de publicaciones y fue corredactor de las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior. V. tb., entre otros, Paula Litvachky, Ignacio Bollier y Ximena Tordini: «El sistema de inteligencia en democracia» en Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS): Derechos humanos en la Argentina. Informe 2016, Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2016; Asociación por los Derechos Civiles (ADC): El (des)control democrático de los organismos de inteligencia en Argentina, Buenos Aires, 1/2015; y Fundación Vía Libre: Informe: Sistema Nacional de Inteligencia, Buenos Aires, 2016. Además, en mayo de 2016, un grupo de organizaciones conformó la Iniciativa Ciudadana para el Control de los Organismos de Inteligencia (ICCSI). 
• 3. Sergio Berensztein: «The Politics of Tax Reform in Argentina and Mexico», tesis doctoral, The University of North Carolina at Chapel Hill, Carolina del Norte, 1998.
• 4.P.T. Spiller y M. Tommasi: The Institutional Foundations of Public Policy in Argentina: A Transactions Cost Approach, Cambridge UP, Nueva York, 2007.
• 5.Fu Hualing: «Wielding the Sword: President Xi’s New Anti-Corruption Campaign» en Susan RoseAckerman y Paul Lagunes (eds.): Greed, Corruption, and the Modern State: Essays in Political Economy, Edward Elgar, Cheltenham, 2015.
• 6.Decreto 337/46.
• 7.Uki Goñi: La auténtica Odessa, Paidós, Buenos Aires, 2008.
• 8.Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Secretaría de Derechos Humanos: Plan Conintes. Represión política y sindical, Buenos Aires, 2014.
• 9.Decreto S 776/56.
• 10.Decreto S 2452/55, derogado y reemplazado por el Decreto S 5315/56.
• 11.Ley S 18.302.
• 12.Las leyes secretas se autorizaron en 1944, aunque se utilizaban desde el siglo XIX. En 2006 el Congreso las prohibió, ordenó la publicación de 146 que se habían dictado desde 1891 y derogó la Ley s 18.302 y el Decreto s 5315/56. V. Ley 26.134. 
• 13.«La SIDE y Orletti: las claves del eje Argentina-Uruguay en la Operación Cóndor» en Fiscales.gob.ar, 27/8/2015.
• 14.Decreto 416/76.
• 15.Gerardo Young: SIDE: la Argentina secreta, Planeta, Buenos Aires, 2006.
• 16.Oscar Muiño: Alfonsín: mitos y verdades del padre de la democracia, Aguilar, Buenos Aires, 2013. 
• 17.«Una extensa historia siempre al filo de la ley» en La Nación, 3/3/2008.
• 18. Decreto 1801/92.
• 19.G. Young: ob. cit.
• 20.S.V.: «Anzorreguy y Galeano, una amistad de vieja data» en Página/12, 5/10/2003. 
• 21.Decreto 395/2015.
• 22.V. Decreto 812/2005.
• 23.Joaquín Morales Solá: «Carencias y defectos del Gobierno» en La Nación, 25/6/2000.
• 24.Victoria Ginzberg: «A la manera de la famosa servilleta» en Página/12, 17/12/2003. 
• 25.Ley 27.126 y Decreto 1.311/15. 
• 26.Manuel Tarricone: «La primera ‘Señora 8’ de la AFI: quién es Silvia Majdalani» en Chequeado, 3/8/2016.
• 27.Decreto DNU 256/15. 28. Decreto 656/2016. 29. N. Volosin: «La Gestapo de la democracia» en Infobae, 1/1/2022. 
• 28.Decreto 656/2016.
• 29.N. Volosin: «La Gestapo de la democracia» en Infobae, 1/1/2022.
• 30.«Confirmaron el sobreseimiento de Macri por las escuchas ilegales» en Infobae, 14/6/2016.
• 31.Decreto DNU 52/2019.
• 32. Decretos 540/20, 987/20, 359/21 y 832/21.
• 33.Decreto DNU 214/20.
• 34. CELS: «Escuchas: el proyecto de ley del peronismo que tiene el apoyo del pro consolidará el descontrol», 21/5/2018