{"id":152,"date":"2022-06-27T16:54:01","date_gmt":"2022-06-27T19:54:01","guid":{"rendered":"http:\/\/losintereses.ar\/?p=152"},"modified":"2022-06-27T16:54:04","modified_gmt":"2022-06-27T19:54:04","slug":"conflicto-de-intereses-en-argentina","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/losintereses.ar\/index.php\/2022\/06\/27\/conflicto-de-intereses-en-argentina\/","title":{"rendered":"Conflicto de Intereses en Argentina"},"content":{"rendered":"\n

https:\/\/www.unodc.org\/documents\/corruption\/WG-Prevention\/Art_7_Conflicts_of_interest\/Argentina.pdf<\/a><\/p>\n\n\n\n

THEMATIC COMPILATION OF RELEVANT INFORMATION SUBMITTED BY ARGENTINA
ARTICLE 7, PARAGRAPH 4 UNCAC
CONFLICT OF INTEREST
ARGENTINA (NINTH MEETING)<\/p>\n\n\n\n

  1. Marco normativo de los Conflictos de Intereses
    A continuaci\u00f3n efectuaremos una breve rese\u00f1a de las principales normas sobre \u00e9tica p\u00fablica que los
    funcionarios del Estado nacional argentino se encuentran obligados a respetar.
    El Cap\u00edtulo V de la Ley 25.188 (en adelante Ley de \u00c9tica P\u00fablica) regula el conflicto de intereses, es decir,
    aquellas situaciones en las que se produce una contraposici\u00f3n entre los intereses particulares del
    funcionario (ya sean personales, laborales, econ\u00f3micos, profesionales) con los p\u00fablicos que, desde su
    funci\u00f3n, debe tutelar.
    Se trata de normas de car\u00e1cter objetivo que no juzgan la intenci\u00f3n del funcionario de obtener una ventaja
    o provecho personal, prohibiendo directamente la configuraci\u00f3n de determinadas situaciones o
    imponiendo ciertos deberes (renuncia, abstenci\u00f3n, publicidad de los intereses) con la misi\u00f3n de preservar
    la imparcialidad en la toma de decisiones p\u00fablicas y prevenir posibles hechos de corrupci\u00f3n.
    La autoridad en el \u00e1mbito de la Administraci\u00f3n P\u00fablica Nacional es la Oficina Anticorrupci\u00f3n (conforme
    Decreto 174\/2018 y antes en virtud del Decreto 164\/99 y Resoluci\u00f3n MJyDH 17\/00).
    1.1.Conflictos de intereses actuales
    Aunque la Ley de \u00c9tica P\u00fablica no define ni clasifica los conflictos de intereses, la Oficina Anticorrupci\u00f3n
    entiende que son \u201cactuales\u201d aquellos que se presentan cuando la concurrencia o contraposici\u00f3n de
    intereses se produce por el desempe\u00f1o de actividades particulares simult\u00e1neas al ejercicio de la funci\u00f3n
    p\u00fablica (por ejemplo, el funcionario realiza en el \u00e1mbito privado una actividad sobre la que tiene
    atribuciones en ejercicio de su cargo p\u00fablico);
    a) Prevenci\u00f3n y gesti\u00f3n de los conflictos de intereses (art. 7, p\u00e1rr. 4)
    Analizaremos los distintos supuestos previstos en el Cap\u00edtulo V de la Ley de \u00c9tica P\u00fablica.
    Ejercer una actividad en el \u00e1mbito privado sobre la que -como agente del Estado- tenga
    atribuciones
    art\u00edculo 13 inciso a) Ley 25.188
    Conflicto
    de
    Intereses
    Ser proveedor por s\u00ed o por terceros del organismo del Estado en donde desempe\u00f1a sus
    funciones
    art\u00edculo 13 inciso b) Ley 25.188
    Conflicto de intereses: actuales
    El art\u00edculo 13 inciso a) de la Ley 25.188 proh\u00edbe a quienes cumplan funciones p\u00fablicas: \u201cdirigir,
    administrar, representar, patrocinar, asesorar o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien
    gestione o tenga una concesi\u00f3n o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por \u00e9ste,
    siempre que el cargo p\u00fablico desempe\u00f1ado tenga competencia funcional directa, respecto de la
    contrataci\u00f3n, obtenci\u00f3n, gesti\u00f3n o control de tales concesiones, beneficios o actividades\u201d.
    La norma citada prev\u00e9 el supuesto de que un funcionario ejerza una actividad en el \u00e1mbito privado sobre
    la que -como agente del Estado- posea atribuciones.
    El inciso b), por su parte, veda a quienes ejerzan funciones p\u00fablicas \u201cser proveedor por s\u00ed o por terceros
    de todo organismo del Estado en donde desempe\u00f1e sus funciones\u201d. El concepto de \u201ctercero\u201d ha sido
    interpretado por la autoridad de aplicaci\u00f3n con criterio extensivo, consider\u00e1ndose como tal al c\u00f3nyuge y a
    las personas jur\u00eddicas en las cuales el funcionario o su c\u00f3nyuge \u2013individual o conjuntamente- tengan
    participaci\u00f3n en un grado suficiente para determinar la voluntad social o para controlarla por cualquier
    otro medio (RESOL-2016-1-APN-OA#MJ y sus citas).
    Las mencionadas hip\u00f3tesis presuponen el ejercicio de dos funciones o la gesti\u00f3n de dos intereses
    contrapuestos (uno p\u00fablico y uno privado) en forma concomitante.
    Si dichas actividades particulares tuvieron lugar antes del inicio de la gesti\u00f3n p\u00fablica, el art\u00edculo 15 inciso
    a) de la Ley 25.188 establece el deber de renunciar a las mismas como condici\u00f3n previa para asumir el
    cargo p\u00fablico, no resultando suficiente (de acuerdo al criterio de la Oficina Anticorrupci\u00f3n) cualquier tipo
    de desvinculaci\u00f3n temporal como podr\u00eda ser una licencia \u2013con o sin goce de haberes\u2013, dado que la
    expectativa de reingreso a la actividad privada podr\u00eda condicionar la imparcialidad de sus decisiones.
    1.2.Conflictos de intereses potenciales
    La Oficina Anticorrupci\u00f3n entiende que son \u201cpotenciales\u201d aquellos conflictos de intereses en los que el
    riesgo para la imparcialidad es circunstancial.
    En los siguientes apartados se rese\u00f1ar\u00e1n los distintos supuestos de conflicto de intereses potenciales
    previstos en el Cap\u00edtulo V de la Ley de \u00c9tica P\u00fablica.
    a) Previo desempe\u00f1o de actividades privadas
    El art\u00edculo 15 inciso b) de la Ley 25.188 establece el deber del funcionario de abstenerse de intervenir, en
    ejercicio de su gesti\u00f3n, respecto de las cuestiones particularmente relacionadas con las personas o
    asuntos a los cuales estuvo vinculado en los \u00faltimos tres (3) a\u00f1os
    Dicho deber de abstenci\u00f3n subsiste hasta tanto transcurran tres a\u00f1os desde el cese de la actividad privada
    o desde la desvinculaci\u00f3n con el asunto incompatible (Resoluciones OA 427\/2014, 523\/2016 y sus citas).
    b) Participaci\u00f3n en sociedades
    Con relaci\u00f3n a la participaci\u00f3n societaria de un funcionario en empresas respecto de las cuales tenga
    atribuciones o deba adoptar alguna decisi\u00f3n, la Ley de \u00c9tica P\u00fablica tambi\u00e9n impone el deber de
    abstenci\u00f3n, mientras mantenga el car\u00e1cter de socio, respecto de las cuestiones o asuntos que a ellas se
    refieran particularmente [art\u00edculo 15 inciso b) in fine de la Ley 25.188].
    M\u00e1s all\u00e1 de lo expuesto y de que la Ley de \u00c9tica P\u00fablica no proh\u00edbe -en principio- la tenencia accionaria, la
    Oficina Anticorrupci\u00f3n \u2013en su car\u00e1cter de autoridad de aplicaci\u00f3n- ha concluido que el funcionario debe
    evitar la adquisici\u00f3n de nuevas participaciones en empresas relacionadas con la actividad sobre la que
    posee atribuciones (art\u00edculos 9\u00ba, 23 y 41 del Decreto 41\/99).
    Asimismo se ha recomendado a ciertos funcionarios, en virtud de su jerarqu\u00eda, eviten integrar (como
    socios o asociados) o prestar servicios a instituciones no estatales dedicadas a la defensa o representaci\u00f3n
    de intereses sectoriales cuyo objeto resulte concurrente con los intereses p\u00fablicos que, desde su funci\u00f3n
    en el Estado, deben tutelar (art\u00edculos 9\u00ba, 23 y 41 del Decreto 41\/99).
    Finalmente en otros supuestos se ha recomendado la venta de participaciones societaria sobre la base del
    principio de prudencia (art\u00edculo 9\u00ba del Decreto 41\/99).
    c) El deber de excusaci\u00f3n previsto en el art\u00edculo 2 inciso i) de la Ley 25.188
    Otro modo de gesti\u00f3n de los conflictos de intereses potenciales es el previsto en el art\u00edculo 2 inciso i) de la
    Ley 25.188 que incluye, dentro de los deberes \u00e9ticos, el de \u201cabstenerse de intervenir en todo asunto
    respecto al cual se encuentre comprendido en alguna de las causas de excusaci\u00f3n previstas en la ley
    procesal civil\u201d.
    Dichas causas son las mencionadas en el art\u00edculo 17 del C\u00f3digo Procesal Civil y Comercial de la Naci\u00f3n (Ley
    17.454). Entre ellas cabe mencionar: el parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo
    de afinidad del funcionario con alguna de las partes, sus mandatarios o letrados; tener el funcionario o
    sus consangu\u00edneos o afines dentro del grado expresado, inter\u00e9s en la cuesti\u00f3n en la que debe intervenir o
    en otra semejante, o sociedad o comunidad con alguna de las partes, sus procuradores o abogados; ser el
    funcionario acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes; haber recibido de \u00e9stas beneficios de
    importancia o tener con los interesados amistad o enemistad manifiesta; etc.).
    Cabe se\u00f1alar que el referido deber de abstenci\u00f3n no limitar\u00e1 sus atribuciones sobre la fijaci\u00f3n de reglas
    generales o pol\u00edticas p\u00fablicas. \u00c9stas pueden abarcar a las personas o sociedades en cuesti\u00f3n entre los
    sujetos alcanzados por la prohibici\u00f3n antes esbozada siempre y cuando dichas medidas generales no
    est\u00e9n dirigidas espec\u00edficamente a \u00e9stos en forma claramente identificable (Resoluciones OA 69\/01, 83\/02,
    89\/02 y 94\/03 y m\u00e1s recientemente 509\/16, 512\/16 y 2016-1-E-APN-OA#MJ).
    Dicha abstenci\u00f3n deber\u00e1 hacerse efectiva de conformidad a lo dispuesto en el art\u00edculo 6 de la Ley de
    Procedimientos Administrativos (Ley 19.549), norma conforme la cual, cuando un funcionario encuentra
    motivos de excusaci\u00f3n, deber\u00e1 disponer, en el mismo acto, que pase el expediente al superior jer\u00e1rquico
    quien designar\u00e1 reemplazante.
    1.3.Conflictos de intereses aparentes
    De acuerdo a la interpretaci\u00f3n que ha efectuado la Oficina Anticorrupci\u00f3n, los \u201cconflictos de intereses
    aparentes\u201d son situaciones \u2013generalmente vinculadas a funcionarios de jerarqu\u00eda superior- en las que no
    se configura ninguna de las situaciones previstas en la Ley de \u00c9tica P\u00fablica pero existe la percepci\u00f3n
    general de que la imparcialidad de las decisiones que adopte un funcionario podr\u00eda encontrarse afectada.
    Estas situaciones no pueden asimilarse, en cuanto a su calificaci\u00f3n y consecuencias, a las prohibidas por la
    Ley de \u00c9tica P\u00fablica. De otro modo se vulnerar\u00edan los principios constitucionales de legalidad y reserva
    (art\u00edculos 18 y 19 de la Constituci\u00f3n Nacional). Pero tales contextos merecen ser gestionados a trav\u00e9s de
    la formulaci\u00f3n de pol\u00edticas p\u00fablicas de transparencia, control y participaci\u00f3n ciudadana.
    Esta realidad no hab\u00eda sido objeto de un abordaje normativo directo hasta el reciente dictado de los
    Decretos 201\/2017 y 202\/2017 que tienen el m\u00e9rito de introducir los \u201cconflictos de intereses aparentes\u201d
    en las normas sobre \u00e9tica p\u00fablica.
    Su objetivo principal es el \u201cfortalecimiento de los pilares b\u00e1sicos del sistema republicano y la confianza de
    los ciudadanos en las instituciones, evitando situaciones que la puedan debilitar.\u201d1
    Cabe mencionar que el anteproyecto de dicho Decreto fue elaborado por la Oficina Anticorrupci\u00f3n y que
    su redacci\u00f3n final fue fruto de un proceso de discusi\u00f3n abierto a la participaci\u00f3n de la ciudadan\u00eda en
    general a trav\u00e9s del portal web https:\/\/www.argentina.gob.ar\/anticorrupcion\/queremos-conocer-tu\u0002opinion (actualmente inactivo) y en cuyo marco tuvo lugar una mesa de trabajo de la que participaron
    diferentes \u00e1reas del Poder Ejecutivo Nacional, as\u00ed como tambi\u00e9n representantes de organizaciones de la
    sociedad civil.
    a) La gesti\u00f3n de los conflictos de intereses aparentes en los juicios en los que el Estado
    Nacional es parte (Decreto 201\/2017)
    Por Decreto 201\/2017 del 21 de marzo de 2017 se aprob\u00f3 un procedimiento especial de representaci\u00f3n
    del Estado en juicio, con directa intervenci\u00f3n de la Procuraci\u00f3n del Tesoro de la Naci\u00f3n y recaudos
    adicionales de transparencia, para los casos en que pudiera existir un conflicto de inter\u00e9s potencial o
    aparente, por la vinculaci\u00f3n entre una de las partes y las m\u00e1ximas autoridades del Poder Ejecutivo, que
    suscite dudas en la ciudadan\u00eda sobre la debida gesti\u00f3n de los intereses del Estado.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

    1 P\u00e1rrafo 14 de los considerandos del Decreto 201\/17
    Situaciones alcanzadas por el Decreto 201\/2017
    Conforme lo expresado, el Decreto 201\/2017 establece en su art\u00edculo 1\u00ba que el Estado Nacional ser\u00e1
    representado y\/o patrocinado en forma directa por la Procuraci\u00f3n del Tesoro de la Naci\u00f3n en los procesos
    judiciales y extrajudiciales en que un organismo o entidad del Sector P\u00fablico Nacional (definido en el
    art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 24.1562
    ) sea parte (tanto actora, como demandada) y en los que el Presidente de la
    Naci\u00f3n, el Vicepresidente de la Naci\u00f3n, el Jefe de Gabinete de Ministros o cualquier Ministro del Poder
    Ejecutivo Nacional o autoridad de igual rango, tenga con alguna de las partes en el proceso (o sus
    representantes legales o letrados patrocinantes) alguno de los siguientes supuestos de vinculaci\u00f3n:
    \uf0b7 parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado (ello alcanza a padres, abuelos, hijos, t\u00edos,
    primos, sobrinos) y segundo de afinidad (lo que suele conocerse com\u00fanmente como la familia
    pol\u00edtica, alcanzando a padres, hijos y hermanos del c\u00f3nyuge),
    \uf0b7 sociedad o comunidad,
    \uf0b7 pleito pendiente (esta hip\u00f3tesis comprende los casos en los cuales el declarante est\u00e1 involucrado
    en una causa judicial en la que la contraparte es el funcionario),
    \uf0b7 ser deudor o acreedor,
    \uf0b7 haber recibido beneficios de importancia,
    \uf0b7 amistad p\u00fablica que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato.
    \uf0b7 En el caso de las personas jur\u00eddicas, cualquiera de los v\u00ednculos anteriores en relaci\u00f3n a un director,
    accionista o socio que posea participaci\u00f3n, por cualquier t\u00edtulo, id\u00f3nea para formar la voluntad
    social o que ejerza una influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o partes de
    inter\u00e9s pose\u00eddas.
    Herramientas de transparencia y participaci\u00f3n ciudadana establecidos en el Decreto 201\/2017
    El decreto establece qu\u00e9 ocurre si se configura alguno de los supuestos previstos en el art\u00edculo 1\u00ba. En tal
    caso:<\/p>\n\n\n\n

    2 Conforme el art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 24.156 integran el Sector P\u00fablico Nacional \u201ca) Administraci\u00f3n Nacional, conformada por la
    Administraci\u00f3n Central y los Organismos Descentralizados, comprendiendo en estos \u00faltimos a las Instituciones de Seguridad
    Social. b) Empresas y Sociedades del Estado que abarca a las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades
    An\u00f3nimas con Participaci\u00f3n Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Econom\u00eda Mixta y todas aquellas otras organizaciones
    empresariales donde el Estado nacional tenga participaci\u00f3n mayoritaria en el capital o en la formaci\u00f3n de las decisiones
    societarias. c) Entes P\u00fablicos excluidos expresamente de la Administraci\u00f3n Nacional, que abarca a cualquier organizaci\u00f3n estatal
    no empresarial, con autarqu\u00eda financiera, personalidad jur\u00eddica y patrimonio propio, donde el Estado nacional tenga el control
    mayoritario del patrimonio o de la formaci\u00f3n de las decisiones, incluyendo aquellas entidades p\u00fablicas no estatales donde el
    Estado nacional tenga el control de las decisiones. d) Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y\/o
    fondos del Estado nacional. Ser\u00e1n aplicables las normas de esta ley, en lo relativo a la rendici\u00f3n de cuentas de las organizaciones
    privadas a las que se hayan acordado subsidios o aportes y a las instituciones o fondos cuya administraci\u00f3n, guarda o
    conservaci\u00f3n est\u00e1 a cargo del Estado nacional a trav\u00e9s de sus Jurisdicciones o Entidades\u201d.(Art\u00edculo sustituido por art. 8 de la Ley
    N\u00b0 25.827 B.O. 22\/12\/2003)
    \uf0b7 Los servicios jur\u00eddicos permanentes deber\u00e1n comunicar en forma inmediata y fehaciente a la
    Procuraci\u00f3n del Tesoro de la Naci\u00f3n el inicio de todo proceso alcanzado por este r\u00e9gimen,
    acompa\u00f1ando un informe del Director de dichos servicios jur\u00eddicos junto con la totalidad de las
    actuaciones y su documentaci\u00f3n (art\u00edculo 4\u00b0).
    \uf0b7 A la comunicaci\u00f3n de la iniciaci\u00f3n de demandas contra la Naci\u00f3n que el actor debe hacer a la
    Procuraci\u00f3n del Tesoro de la Naci\u00f3n (conforme los art\u00edculos 5\u00b0 y 12 del Anexo III del Decreto N\u00b0
    1116\/00), se agreg\u00f3 una declaraci\u00f3n jurada relativa a que la causa se encuentra alcanzada o no
    por el r\u00e9gimen del Decreto 201\/2017 (art\u00edculo 5\u00b0).
    \uf0b7 Sin perjuicio de lo establecido en el Decreto N\u00b0 411\/80 (t.o. 1987), previo a formular
    allanamientos y desistimientos, otorgar quitas y esperas, transigir, conciliar, o rescindir convenios,
    la Procuraci\u00f3n del Tesoro de la Naci\u00f3n deber\u00e1 comunicar la voluntad de actuar en alguno de
    aquellos modos, con una antelaci\u00f3n no menor a 10 d\u00edas h\u00e1biles de la presentaci\u00f3n o celebraci\u00f3n
    del acto pertinente, a la Oficina Anticorrupci\u00f3n, a la SIGEN y a la Comisi\u00f3n Parlamentaria Mixta
    Revisora de Cuentas de la Administraci\u00f3n del Congreso de la Naci\u00f3n (art\u00edculo 6\u00b0).
    \uf0b7 Asimismo deber\u00e1 publicar, en forma previa a la realizaci\u00f3n de los actos referidos, un informe que
    contenga: a) el an\u00e1lisis circunstanciado de los hechos y, en su caso, de las opiniones recibidas de
    los organismos de control; y b) La fundamentaci\u00f3n de la posici\u00f3n jur\u00eddica. No obstante, cuando
    dicha publicaci\u00f3n pudiera afectar la estrategia de defensa del Estado, podr\u00e1 efectuarse junto con
    la presentaci\u00f3n (art\u00edculo 7\u00ba).
    \uf0b7 Las autoridades respecto de las cuales se declare un v\u00ednculo deber\u00e1n abstenerse de tomar
    cualquier tipo de intervenci\u00f3n en dichos casos (art\u00edculo 10)
    El art\u00edculo 2\u00ba del Decreto establece que la Procuraci\u00f3n del Tesoro de la Naci\u00f3n procurar\u00e1 \u2013en estos casos\u0002desempe\u00f1ar la defensa del Estado Nacional asegurando los m\u00e1ximos est\u00e1ndares de fundamentaci\u00f3n,
    difusi\u00f3n y transparencia, de modo de evitar toda duda o prevenci\u00f3n de la ciudadan\u00eda acerca de la recta e
    inequ\u00edvoca gesti\u00f3n en favor del inter\u00e9s p\u00fablico en todos los casos contemplados en el decreto.
    En tal sentido, deber\u00e1 publicar y mantener actualizada a trav\u00e9s del portal web del organismo, un \u201cListado
    de causas judiciales y otras actuaciones\u201d que se encuentren comprendidas en este r\u00e9gimen indicando:
    car\u00e1tula, n\u00famero de expediente y radicaci\u00f3n y el enlace de acceso al expediente digital del Poder Judicial
    de la Naci\u00f3n, as\u00ed como tambi\u00e9n informaci\u00f3n actualizada sobre el estado de las actuaciones y las
    audiencias o reuniones a celebrarse, de acuerdo con las reglas y excepciones previstas en materia de
    acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica (art\u00edculo 3\u00b0).
    Car\u00e1cter complementario
    Las disposiciones del Decreto 201\/2017 son complementarias de lo establecido en la Ley 25.188 y en el
    art\u00edculo 6 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549 sobre recusaci\u00f3n y excusaci\u00f3n de
    funcionarios (art\u00edculo 9\u00ba).
    Autoridad de aplicaci\u00f3n del Decreto 201\/2017
    Conforme el art\u00edculo 12 del Decreto 201\/2017, la autoridad de aplicaci\u00f3n es la Procuraci\u00f3n del Tesoro de
    la Naci\u00f3n.
    b) La gesti\u00f3n de los conflictos de intereses aparentes en las contrataciones del Estado
    (Decreto 202\/2017)
    Por Decreto 202\/2017 del 21 de marzo de 2017 se aprob\u00f3 un procedimiento especial aplicable a las
    contrataciones p\u00fablicas o al otorgamiento licencias, permisos, autorizaciones, habilitaciones o derechos
    reales sobre bienes de dominio p\u00fablico o privado del Estado del Sector P\u00fablico Nacional, en los que
    pudiera existir un conflicto de inter\u00e9s potencial o aparente por la vinculaci\u00f3n entre una de las partes y las
    m\u00e1ximas autoridades del Poder Ejecutivo (o las autoridades de rango inferior a Ministro con competencia
    o capacidad para decidir sobre la contrataci\u00f3n o acto), que suscite dudas en la ciudadan\u00eda sobre la debida
    gesti\u00f3n de los intereses del Estado.
    Situaciones alcanzadas por el Decreto 202\/2017
    Como se anticip\u00f3, el Decreto 202\/2017 prev\u00e9 la suscripci\u00f3n de una \u201cDeclaraci\u00f3n Jurada de Intereses\u201d por
    parte de toda persona que se presente en un procedimiento de contrataci\u00f3n p\u00fablica o de otorgamiento
    de una licencia, permiso, autorizaci\u00f3n, habilitaci\u00f3n o derecho real sobre un bien de dominio del Estado,
    en el \u00e1mbito del Sector P\u00fablico Nacional (art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 24.156).
    En esta declaraci\u00f3n el oferente o peticionante debe consignar si \u00e9l \u2013o en el caso de personas jur\u00eddicas,
    ciertos integrantes- poseen determinados v\u00ednculos con las m\u00e1ximas autoridades de la Naci\u00f3n o con
    funcionarios de rango inferior que tengan competencia o capacidad para decidir sobre la contrataci\u00f3n o
    acto que interese al declarante.
    \u00bfRespecto de qu\u00e9 funcionarios deben declararse v\u00ednculos?
    En esta declaraci\u00f3n, el oferente o peticionante debe consignar si \u00e9l \u2013o en el caso de las personas jur\u00eddicas,
    ciertos integrantes- poseen determinados v\u00ednculos con relaci\u00f3n a:
    \uf0b7 Presidente, Vicepresidente, Jefe de Gabinete, Ministros y autoridades de igual rango del Poder
    Ejecutivo Nacional, tengan o no atribuciones sobre el procedimiento de que se trate (art\u00edculo 1\u00ba);
    \uf0b7 funcionarios de rango inferior que tengan competencia o capacidad para decidir sobre la
    contrataci\u00f3n o acto que interese al declarante (art\u00edculo 2\u00ba).
    Cuando el interesado es una persona jur\u00eddica, \u00bfqui\u00e9nes deben declarar los v\u00ednculos con las m\u00e1ximas
    autoridades?
    Si el declarante es una persona jur\u00eddica, es \u00e9sta quien debe confeccionar la declaraci\u00f3n, se\u00f1alando los
    v\u00ednculos que posean con los funcionarios mencionados en el art\u00edculo 1\u00ba y 2\u00ba:
    \uf0b7 la propia persona jur\u00eddica,
    \uf0b7 sus representantes legales,
    \uf0b7 las sociedades controlantes o controladas o con inter\u00e9s directo en los resultados,
    \uf0b7 sus directores,
    \uf0b7 sus socios con participaci\u00f3n id\u00f3nea para formar la voluntad social o que ejerzan influencia
    dominante.
    \uf0b7 Para el caso de sociedades sujetas al r\u00e9gimen de oferta p\u00fablica conforme a la Ley N\u00b0 26.831 la
    vinculaci\u00f3n se entender\u00e1 referida a cualquier accionista o socio que posea m\u00e1s del CINCO POR
    CIENTO (5%) del capital social.
    Si bien la norma alude a los \u201cdirectores\u201d de la sociedad, debe considerarse que dicho t\u00e9rmino refiere a
    todas aquellas personas que ejercen funciones directivas en los distintos tipos de sociedades,
    asociaciones o fundaciones. Tal es el caso de los socios gerentes de las sociedades de responsabilidad
    limitadas, los miembros del Consejo de Administraci\u00f3n de las fundaciones, etc.
    \u00bfQu\u00e9 v\u00ednculos deben ser declarados?
    Los v\u00ednculos entre el declarante y el funcionario que el Decreto considera demostrativos de un inter\u00e9s
    son:
    \uf0b7 parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado (padres, abuelos, hijos, t\u00edos, primos y
    sobrinos) y segundo de afinidad (padres, hijos y hermanos del c\u00f3nyuge),
    \uf0b7 sociedad o comunidad,
    \uf0b7 pleito pendiente (esta hip\u00f3tesis comprende los casos en los cuales el declarante est\u00e1 involucrado
    en una causa judicial en la que la contraparte es el funcionario),
    \uf0b7 ser deudor o acreedor,
    \uf0b7 haber recibido beneficios de importancia, y
    \uf0b7 amistad p\u00fablica que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato.
    Si el declarante es una persona jur\u00eddica, deber\u00e1 consignar los v\u00ednculos actuales y los existentes \u201cdentro del
    \u00faltimo a\u00f1o calendario\u201d. De este modo se evitan transferencias patrimoniales simuladas a efectos de
    excluir la contrataci\u00f3n del procedimiento previsto en el Decreto. El \u201c\u00faltimo a\u00f1o calendario\u201d deber\u00e1
    computarse a partir de la fecha de presentaci\u00f3n o actualizaci\u00f3n de la Declaraci\u00f3n.
    Herramientas de transparencia y participaci\u00f3n ciudadana establecidos en el Decreto 202\/2017
    Si se denuncia uno de los referidos v\u00ednculos, se abre un procedimiento con mayores herramientas de
    publicidad y control (art\u00edculo 4\u00ba).
    \uf0b7 Se debe comunicar dicha circunstancia a la SIGEN y a la Oficina Anticorrupci\u00f3n. Esta \u00faltima
    examinar\u00e1 las posibles violaciones a la Ley 25.188 (art\u00edculo 5\u00ba).
    \uf0b7 La autoridad contratante\/interviniente deber\u00e1 arbitrar los medios para dar publicidad total a las
    actuaciones en su p\u00e1gina web y en la de la Oficina Anticorrupci\u00f3n. Teniendo en cuenta que la
    publicidad es una \u201c \u2026 medida preventiva, para disuadir la venalidad de la funci\u00f3n p\u00fablica\u201d3
    , se
    eleva el est\u00e1ndar de transparencia previsto en los Decretos 1023\/01 y 1030\/16, permitiendo al
    ciudadano acceder en forma centralizada y r\u00e1pida a los expedientes de las contrataciones, sin
    necesidad de invocar inter\u00e9s alguno para su consulta.
    \uf0b7 Se debe adoptar fundadamente -y dando intervenci\u00f3n a la Oficina Anticorrupci\u00f3n y a la SIGEN- al
    menos uno de los siguientes mecanismos: celebraci\u00f3n de pactos de integridad, participaci\u00f3n de
    testigos sociales, veedur\u00eda especial de organismos de control y\/o audiencias p\u00fablicas, no
    descart\u00e1ndose la implementaci\u00f3n de otros procedimientos que puedan resultar adecuados.
    Cabe se\u00f1alar que el r\u00e9gimen previsto en el Decreto 202\/2017 establece un est\u00e1ndar m\u00ednimo de
    integridad y transparencia que debe respetarse. Por ello, si el organismo o entidad responsable
    del procedimiento desea adoptar m\u00e1s de un mecanismo de los propuestos, sin dudas podr\u00e1
    hacerlo.
    Para el cumplimiento de esta obligaci\u00f3n resulta fundamental que se sigan los lineamientos
    contenidos en los Anexos II, III, IV y V de la Resoluci\u00f3n 11-E\/2017, seg\u00fan cu\u00e1l sea el mecanismo
    elegido.
    \uf0b7 Exista o no conflicto de intereses en los t\u00e9rminos de la Ley 25.188, el funcionario con competencia
    para resolver y respecto del cual se hubiera declarado alguno de los v\u00ednculos se\u00f1alados, deber\u00e1
    abstenerse de intervenir en el procedimiento.
    \uf0b7 Cuando se tratare de un procedimiento de contrataci\u00f3n directa, la oferta podr\u00e1 ser declarada
    inadmisible, salvo en los casos contemplados en el art\u00edculo 25 inciso d) apartados 2, 3 y 6 del
    Decreto 1023\/01 (exclusividad por capacidad t\u00e9cnica, cient\u00edfica y art\u00edstica; contrataciones secretas
    por razones de seguridad y defensa nacional).
    No se proh\u00edbe la contrataci\u00f3n del oferente vinculado al funcionario (ya que de lo contrario, podr\u00eda
    objetarse por inconstitucional), s\u00f3lo se limita la posibilidad de que \u00e9sta sea directa.
    \uf0b7 En los casos en que la persona seleccionada hubiera declarado alguna de las situaciones previstas
    en el Decreto 202\/2017, los mecanismos detallados en su art\u00edculo 4\u00ba inciso d) deber\u00e1n aplicarse
    en todas las etapas del procedimiento, incluyendo en la instancia de ejecuci\u00f3n del contrato.<\/p>\n\n\n\n

    3 Comadira J.R y otros, \u201cCurso de Derecho Administrativo\u201d, Abeledo Perrot, Bs.As.,2012,T.I.,p.298.
    Cabe se\u00f1alar que conforme el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 202\/2017, la omisi\u00f3n de presentar oportunamente
    la \u201cDeclaraci\u00f3n Jurada de Intereses\u201d podr\u00e1 ser considerada causal suficiente de exclusi\u00f3n del
    procedimiento correspondiente, y la falsedad en la informaci\u00f3n consignada ser\u00e1 considerada una falta de
    m\u00e1xima gravedad, a los efectos que correspondan en los reg\u00edmenes sancionatorios aplicables.
    Car\u00e1cter complementario
    Esta reglamentaci\u00f3n no deroga ni modifica el r\u00e9gimen de conflicto de intereses previsto en la Ley 25.188,
    con el que coexiste (como surge de su art\u00edculo 5\u00ba).
    Autoridad de aplicaci\u00f3n del Decreto 202\/2017
    Conforme los art\u00edculos 4\u00ba, 5\u00ba y 7\u00ba del Decreto 202\/2017, la autoridad de aplicaci\u00f3n es la Oficina
    Anticorrupci\u00f3n.
    Al d\u00eda 9 de mayo de 2018, la Oficina Anticorrupci\u00f3n ha sido notificada de 24 casos de vinculaciones
    positivas.
    Organismo o Entidad Tipo de Procedimiento de Contrataci\u00f3n
    Administraci\u00f3n Nacional de
    Aviaci\u00f3n Civil (ANAC) Concesi\u00f3n de servicios a\u00e9reos
    Agencia de Administraci\u00f3n de
    Bienes del Estado (AABE) Subasta p\u00fablica
    Ministerio de Agroindustria Contrataci\u00f3n directa (por exclusividad)
    Ministerio de Agroindustria Licitaci\u00f3n p\u00fablica
    Vialidad Nacional Proceso de Renegociaci\u00f3n Contractual de
    Concesi\u00f3n
    Agencia de Administraci\u00f3n de
    Bienes del Estado (AABE)
    Contrataci\u00f3n directa (por compulsa
    abreviada)
    Ministerio de Agroindustria Contrataci\u00f3n directa (por exclusividad)
    Instituto Nacional de
    Asociativismo y Econom\u00eda
    Social (INAES)
    Licitaci\u00f3n privada
    Correo Oficial de la Rep\u00fablica
    Argentina S.A. Pedido abierto
    Casa de Moneda S.E. Concurso de precios
    ENARGAS Contrataci\u00f3n directa
    Instituto Nacional de
    Asociativismo y Econom\u00eda
    Social (INAES)
    Licitaci\u00f3n p\u00fablica
    Ministerio de Energ\u00eda y Miner\u00eda Licitaci\u00f3n p\u00fablica
    Banco de Inversi\u00f3n y Comercio
    Exterior (BICE) Licitaci\u00f3n privada
    ENARSA Licitaci\u00f3n privada
    Ministerio de Relaciones
    Exteriores y Culto Licitaci\u00f3n p\u00fablica
    SOFSE Contrataci\u00f3n directa (por compulsa
    abreviada)
    ENARGAS Inscripci\u00f3n al Registro de Comercializadores
    (procedimiento de autorizaci\u00f3n)
    Ministerio de Modernizaci\u00f3n Contrataci\u00f3n directa (por especialidad)
    ENARSA No se informa
    INTERCARGO Pedido de Compra
    Agencia de Administraci\u00f3n de
    Bienes del Estado (AABE) Subasta P\u00fablica
    Administraci\u00f3n Nacional de la
    Seguridad Social (ANSES) Licitaci\u00f3n P\u00fablica
    Correo Oficial de la Rep\u00fablica
    Argentina S.A. No se informa
    Asimismo, conforme la informaci\u00f3n brindada por la Oficina Nacional de Contrataciones, se han
    presentando en el Registro de Proveedores, las siguientes declaraciones juradas de intereses
    (informaci\u00f3n al 18 de mayo de 2018).
    Tipo de DJI
    A\u00f1o de presentaci\u00f3n
    ante la ONC
    Total
    2017 2018 general
    DJI Persona humana 7751 5135 12886
    DJI Persona jur\u00eddica 11260 8143 19403
    Total general 19011 13278 32289
    1.4.- Disposiciones particulares para autoridades superiores del Poder Ejecutivo
    Nacional
    Ley de Ministerios 22.520 que establece incompatibilidades espec\u00edficas para quienes ejercen cargos de
    jerarqu\u00eda igual o superior a Subsecretario.
    En tal sentido, el art\u00edculo 24 de la citada ley se\u00f1ala que \u201cDurante el desempe\u00f1o de sus cargos los
    Ministros, Secretarios y Subsecretarios deber\u00e1n abstenerse de ejercer, con la sola excepci\u00f3n de la
    docencia, todo tipo de actividad comercial, negocio, empresa o profesi\u00f3n que directa o indirectamente
    tenga vinculaciones con los poderes, organismos o empresas nacionales, provinciales y municipales\u201d.
    El art\u00edculo 25, por su parte, expresa: \u201cTampoco podr\u00e1n intervenir en juicios, litigios o gestiones en los
    cuales sean parte la Naci\u00f3n, las provincias o los municipios, ni ejercer profesi\u00f3n liberal o desempe\u00f1ar
    actividades en las cuales, sin estar comprometido el inter\u00e9s del Estado, su condici\u00f3n de funcionario pueda
    influir en la decisi\u00f3n de la autoridad competente o alterar el principio de igualdad ante la ley consagrado
    por el art\u00edculo 16 de la Constituci\u00f3n Nacional.\u201d
    La PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION, m\u00e1xima autoridad de los servicios jur\u00eddicos permanentes
    de la Administraci\u00f3n, en su dictamen 134 del 15\/07\/2013 interpret\u00f3 que los fines \u2013impl\u00edcitos y
    subyacentes- de estos preceptos \u201c\u2026 ser\u00edan la transparencia en el ejercicio de aquellos cargos, la
    dedicaci\u00f3n exclusiva de funciones por parte de sus titulares y la necesidad de prevenir y evitar conflictos
    de intereses, entre otros\u201d.
    Agrega que \u201cLa enunciaci\u00f3n de las ocupaciones re\u00f1idas con los cargos de Ministro, Secretario y
    Subsecretario contenida en el art\u00edculo 24 de la Ley de Ministerios no debe ser entendida como taxativa o
    exhaustiva, puesto que tal lectura conspira con el esp\u00edritu y las finalidades del sistema que forma parte\u2026\u201d
    por lo que \u201c\u2026 no corresponde que el t\u00e9rmino profesi\u00f3n que contiene el art\u00edculo 24 sea interpretado y
    aplicado literalmente, sino en forma amplia y extensiva\u201d.
    Y concluye afirmando que \u201cLa ex\u00e9gesis anterior encuentra un respaldo s\u00f3lido y concluyente en el hecho
    de que la disposici\u00f3n bajo examen les impone a las autoridades que menciona que se abstengan de las
    actividades que enumera, con la sola excepci\u00f3n de la docencia, frase que, incuestionablemente, excluye
    cualquier otra labor paralela\u201d.
    1.5.- Los deberes \u00e9ticos que complementan e integran el r\u00e9gimen de conflictos de
    intereses
    Las normas precitadas deben complementarse con los principios, pautas y deberes de comportamiento
    \u00e9tico contenidos en el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 25.188 y en los Cap\u00edtulos III y IV del Decreto 41\/99, entre ellos
    la independencia de criterio, la prevalencia del inter\u00e9s p\u00fablico sobre el particular, el uso adecuado de la
    informaci\u00f3n a la que se acceda en ejercicio del cargo p\u00fablico y el mandato de actuar de forma proba,
    transparente y prudente.
    En particular cabe se\u00f1alar el deber de no \u201c\u2026 involucrarse en situaciones, actividades o intereses
    incompatibles con sus funciones\u201d y de \u201c\u2026 abstenerse de toda conducta que pueda afectar su
    independencia de criterio para el desempe\u00f1o de las funciones\u201d (art. 23 Decreto 41\/99), as\u00ed como la
    prohibici\u00f3n de \u201c\u2026 mantener relaciones [o] aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales,
    laborales, econ\u00f3micos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y
    funciones a su cargo\u201d (art. 41 Decreto 41\/99).
    Asimismo debe destacarse el deber de prudencia contenido en el art\u00edculo 9\u00ba del Decreto
    precedentemente citado, conforme al cual \u201cEl ejercicio de la funci\u00f3n p\u00fablica debe inspirar confianza en la
    comunidad\u2026 \u201d, debiendo el funcionario \u201c\u2026evitar acciones que pudieran poner en riesgo la finalidad de la
    funci\u00f3n p\u00fablica, el patrimonio del Estado o la imagen que debe tener la sociedad respecto de sus
    servidores.\u201d
    1.6.- Declaraci\u00f3n jurada de abogados externos contratados por el Estado
    El 19 de abril de 2018, a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n de la Procuraci\u00f3n del Tesoro de la Naci\u00f3n Nro. 34\/2018 se
    estableci\u00f3 un r\u00e9gimen espec\u00edfico de presentaci\u00f3n de Declaraci\u00f3n Jurada de los abogados o estudios
    jur\u00eddicos externos que sean contratados para cumplir una funci\u00f3n espec\u00edfica a favor del Estado Nacional.
    La norma establece:
    ART\u00cdCULO 1\u00ba.- Cuando por razones excepcionales intervengan estudios jur\u00eddicos o abogados
    externos para asesorar o representar a organismos o entidades del Sector P\u00fablico Nacional,
    deber\u00e1n manifestar con car\u00e1cter de declaraci\u00f3n jurada que:
    a. Cumplir\u00e1n las funciones p\u00fablicas encomendadas respetando el C\u00f3digo de \u00c9tica de la
    Funci\u00f3n P\u00fablica, la Ley de \u00c9tica en el Ejercicio de la Funci\u00f3n P\u00fablica, y las instrucciones e
    indicaciones que reciban de la PROCURACI\u00d3N DEL TESORO DE LA NACI\u00d3N (\u2026);
    b. No asesoran, patrocinan o representan a la parte contraria al Estado Nacional o a las
    entidades y organismos del Sector P\u00fablico Nacional, en procedimientos administrativos, o
    causas judiciales o arbitrales, en sede nacional o internacional;
    c. No asesoran a clientes que gestionan, explotan concesiones, permisos, licencias, o
    habilitaciones otorgadas por el Estado Nacional o las entidades y organismos del Sector
    P\u00fablico Nacional, o son sus proveedores o contratistas, o realizan actividades fiscalizadas
    por la jurisdicci\u00f3n o entidad que propicia la contrataci\u00f3n.
    Cuando cualquiera de las actividades mencionadas precedentemente fuera desempe\u00f1ada
    de manera directa o a trav\u00e9s de terceros, por los propios estudios jur\u00eddicos o abogados
    externos, deber\u00e1n manifestarlo.
    En el caso en que los estudios jur\u00eddicos o abogados externos realicen alguna de las
    actividades mencionadas en los incisos b) o c), deber\u00e1n indicar y acompa\u00f1ar el listado de los
    clientes y de las causas, detallando car\u00e1tula, n\u00famero de expediente, radicaci\u00f3n, monto
    involucrado, y de corresponder, el enlace de acceso al expediente digital.
    Se prev\u00e9 que esta informaci\u00f3n se encuentre actualizada durante la vigencia de la ejecuci\u00f3n del
    respectivo contrato.
    Asimismo, cuando se trate de la contrataci\u00f3n de un estudio jur\u00eddico, se extender\u00e1 la obligaci\u00f3n a
    todos los integrantes del mismo.
    Por su parte, el art\u00edculo 5 de la referida resoluci\u00f3n establece:
    ART\u00cdCULO 5\u00ba.- Toda contrataci\u00f3n de estudios jur\u00eddicos o abogados externos, requerir\u00e1 la
    previa opini\u00f3n favorable de la PROCURACI\u00d3N DEL TESORO DE LA NACI\u00d3N, y ante un
    potencial conflicto de intereses, se dar\u00e1 intervenci\u00f3n a la OFICINA ANTICORRUPCI\u00d3N.<\/p>\n\n\n\n

    1. Principales herramientas de prevenci\u00f3n de los conflictos de intereses
      desarrolladas por la Oficina Anticorrupci\u00f3n
      En el entendimiento de que los Estados deben tener una posici\u00f3n activa frente a los conflictos de
      intereses, con el objeto de prevenirlos, detectarlos, gestionarlos y -eventualmente- operar sobre sus
      consecuencias, la Oficina Anticorrupci\u00f3n, en su car\u00e1cter de autoridad de aplicaci\u00f3n de la Ley de \u00c9tica
      P\u00fablica ha dise\u00f1ado e implementado pol\u00edticas y herramientas tendientes a concretarlas, cuyo alcance se
      analiza a continuaci\u00f3n.
      2.1. Acciones en materia elaboraci\u00f3n normativa
      A continuaci\u00f3n se detallan las principales iniciativas normativas en materia de conflictos de intereses
      promovidas por la Oficina Anticorrupci\u00f3n y adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional
      a) Decreto 1179\/2016 R\u00e9gimen de Obsequios a Funcionarios P\u00fablicos
      El art\u00edculo 18 de la Ley de \u00c9tica en el Ejercicio de la Funci\u00f3n P\u00fablica establece que \u201cLos funcionarios
      p\u00fablicos no podr\u00e1n recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo
      o en ocasi\u00f3n del desempe\u00f1o de sus funciones. En el caso de que los obsequios sean de cortes\u00eda o de
      costumbre diplom\u00e1tica la autoridad de aplicaci\u00f3n reglamentar\u00e1 su registraci\u00f3n y en qu\u00e9 casos y c\u00f3mo
      deber\u00e1n ser incorporados al patrimonio del Estado, para ser destinados a fines de salud, acci\u00f3n social y
      educaci\u00f3n o al patrimonio hist\u00f3rico-cultural si correspondiere\u201d
      Al igual que las disposiciones sobre conflictos de intereses, la normativa citada persigue mantener la
      imparcialidad de las decisiones de los funcionarios, prohibiendo recibir obsequios o beneficios que
      pudieran viciar los procesos de toma de decisi\u00f3n.
      El legislador consider\u00f3 pertinente delegar en el Poder Ejecutivo Nacional la reglamentaci\u00f3n de la
      registraci\u00f3n y la determinaci\u00f3n de los casos y el modo en que deben ser incorporados al patrimonio del
      Estado.
      El 18\/11\/2016, el PEN dict\u00f3 el Decreto 1179\/16, sobre la base de un proyecto elaborado por la Oficina
      Anticorrupci\u00f3n.
      Este decreto reglamenta las excepciones a la prohibici\u00f3n de recibir obsequios establecidas en el art\u00edculo
      18 de la Ley 25.188 (cortes\u00eda y costumbre diplom\u00e1tica), precisando su concepto y alcances y
      estableciendo la obligaci\u00f3n de registro en todos los casos.
      Establece los casos en los que los obsequios (excepcionalmente admisibles) deben adem\u00e1s ser
      incorporados al Patrimonio del Estado.
      Por otra parte se\u00f1ala en que supuestos no pueden recibirse obsequios (aun de cortes\u00eda o costumbre
      diplom\u00e1tica) cuando provengan de personas o entidades que realizan actividades reguladas, fiscalizadas
      por el organismo donde se desempe\u00f1a el funcionario; que gestionen o exploten concesiones,
      autorizaciones, privilegios o franquicias otorgados por el \u00f3rgano o entidad en el que se desempe\u00f1a el
      funcionario; que sean contratistas o proveedores de obras, bienes o servicios del \u00f3rgano o entidad en el
      que se desempe\u00f1a el funcionario; que procuren una decisi\u00f3n o acci\u00f3n del \u00f3rgano o entidad en el que se
      desempe\u00f1a el funcionario; o que tengan intereses que pudieran verse significativamente afectados por
      una decisi\u00f3n, acci\u00f3n, retardo u omisi\u00f3n del \u00f3rgano o entidad en el que se desempe\u00f1a el funcionario.
      Finalmente el Decreto regula en qu\u00e9 casos es posible aceptar el financiamiento de viajes por terceros
      (ajenos al Estado Nacional) para el dictado de conferencias, cursos o actividades acad\u00e9micas o culturales,
      o la participaci\u00f3n en ellas. El financiamiento de viajes con este destino podr\u00e1 ser aceptado cuando
      proceda de gobiernos, entidades o personas humanas o jur\u00eddicas que no puedan ser incluidas en la
      prohibici\u00f3n de recibir obsequios y siempre que su aceptaci\u00f3n no resultare incompatible con las funciones
      del cargo, o prohibido por normas especiales. Los funcionarios que reciban estos beneficios deber\u00e1n
      proceder a su registraci\u00f3n en el \u201cRegistro de Viajes Financiados por Terceros\u201d.
      El Decreto 1179\/16 crea un \u201cRegistro de Obsequios a Funcionarios P\u00fablicos\u201d y un \u201cRegistro de Viajes
      Financiados por Terceros\u201d, que funcionan en el \u00e1mbito de la Oficina Anticorrupci\u00f3n y que pueden ser
      completados por cualquier funcionario que reciba un obsequio a trav\u00e9s del Sistema de Gesti\u00f3n
      Documental Electr\u00f3nica (GDE).
      Se incluyen a continuaci\u00f3n las pantallas de consulta p\u00fablica al mencionado registro el cual puede ser
      consultado ingresando en la p\u00e1gina web de la Oficina Anticorrupci\u00f3n
      (www.argentina.gob.ar\/anticorrupcion)
      b) Decreto 201\/2017
      Remitimos aqu\u00ed a lo desarrollado en el punto 1.3.a)
      c) Decreto 202\/2017
      Remitimos aqu\u00ed a lo desarrollado en el punto 1.3.b)
      d) C\u00f3digo de \u00c9tica de Organismos
      Atento la trascendencia de que ciertas organizaciones desarrollen sus propios c\u00f3digos de \u00e9tica para
      responder a riesgos de corrupci\u00f3n espec\u00edficos y efectuar un cambio en la cultura real, en los \u00faltimos a\u00f1os
      m\u00faltiples entidades y empresas estatales han aprobado normas y reglas espec\u00edficas en esta materia, en
      l\u00ednea con las vigentes para los funcionarios p\u00fablicos en general.
      Entre ellos podemos mencionar los dictados por:
      \uf0b7 Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT)
      \uf0b7 Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina (BCRA)
      \uf0b7 Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP)
      \uf0b7 Yacimientos Petrol\u00edferos Fiscales S.A. (YPF)
      \uf0b7 Direcci\u00f3n Nacional de Vialidad (DNV)
      \uf0b7 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
      \uf0b7 Administraci\u00f3n de Infraestructura Ferroviaria (ADIF)
      \uf0b7 Empresa Argentina de Navegaci\u00f3n A\u00e9rea (EANA)
      \uf0b7 Energ\u00eda Argentina S.A. (ENARSA)
      \uf0b7 Aerol\u00edneas Argentinas S.A. (AARSA
      \uf0b7 Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE)
      \uf0b7 Servicio Penitenciario Federal (SPF)
      \uf0b7 Agencia de Administraci\u00f3n de Bienes del Estado (AABE)
      e) Anteproyecto de Reforma a la Ley de \u00c9tica P\u00fablica
      Sobre la base de la experiencia recolectada a lo largo de los a\u00f1os por la Oficina Anticorrupci\u00f3n en su
      car\u00e1cter de Autoridad de Aplicaci\u00f3n de la Ley de \u00c9tica en el Ejercicio de la Funci\u00f3n P\u00fablica (Ley 25.188) y
      ante la necesidad de abordar cuestiones pendientes y fortalecer el sistema nacional de \u00e9tica p\u00fablica, ha
      promovido desde comienzos del a\u00f1o 2017 una reforma integral de la Ley de \u00c9tica P\u00fablica.
      El eventual proyecto de ley – a\u00fan en elaboraci\u00f3n – ser\u00e1 producto de un proceso participativo el cual ha
      contado con aportes de distintos actores.
      En el transcurso del 2017 la Oficina Anticorrupci\u00f3n particip\u00f3 de diversas reuniones de la Subcomisi\u00f3n de
      Asuntos Constitucionales de la C\u00e1mara de Diputados de la Naci\u00f3n, a fin de debatir los principales t\u00edtulos
      de la norma y las posibles modificaciones a su texto. Como resultado de dichas reuniones, elabor\u00f3 un
      borrador de reforma de la ley.
      El contenido del documento borrador fue discutido, asimismo, con la Secretar\u00eda de Fortalecimiento
      Institucional de Jefatura de Gabinete de Ministros y con la Procuraci\u00f3n del Tesoro de la Naci\u00f3n.
      Con posterioridad, en febrero de 2018 tuvo lugar una Mesa de trabajo para debatir los principales ejes del
      documento de reforma de la Ley de \u00c9tica P\u00fablica en Casa Rosada, de la que participaron acad\u00e9micos y
      expertos, organizaciones de la sociedad civil, miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
      Al mismo tiempo, se abri\u00f3 un canal de consulta p\u00fablica del Anteproyecto de reforma de la ley a trav\u00e9s de
      dos plataformas: la web de consulta p\u00fablica de Presidencia de la Naci\u00f3n y una iniciativa en el Eje
      Institucional de la web Justicia 2020 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Naci\u00f3n, donde
      fue posible debatir por el t\u00e9rmino de un mes los principales ejes tem\u00e1ticos del documento.
      En base a los aportes recibidos en la Mesa de Trabajo y la consulta p\u00fablica, junto con los que los
      asistentes y otros interesados remitieron con posterioridad, la Oficina est\u00e1 elaborando el texto definitivo
      del Proyecto de Ley para ser puesto a consideraci\u00f3n del Poder Ejecutivo Nacional.
      2.2. Acciones de la Oficina Anticorrupci\u00f3n en materia prevenci\u00f3n de conflictos de
      intereses
      La Oficina Anticorrupci\u00f3n realiza m\u00faltiples acciones tendientes a difundir las normas sobre \u00e9tica p\u00fablica y
      conflictos de intereses, as\u00ed como para fomentar la autoevaluaci\u00f3n de los agentes y funcionarios respecto
      de sus situaciones:
      a) Difusi\u00f3n general de las prohibiciones, restricciones y obligaciones por parte de los
      funcionarios p\u00fablicos.
      Entre las pol\u00edticas que han demostrado su eficacia como instrumento para preservar la imparcialidad en la
      toma de decisiones y la prevenci\u00f3n de situaciones de conflicto de intereses, podemos mencionar aquellas
      destinadas a procurar que los funcionarios conozcan las prohibiciones, restricciones y obligaciones que los
      afectan.
      Habitualmente las normas sobre conflictos de intereses resultas de compleja redacci\u00f3n y de dif\u00edcil
      comprensi\u00f3n. Para ello es imprescindible simplificaci\u00f3n del lenguaje legal, haci\u00e9ndolo m\u00e1s amigable y
      comprensible para los funcionarios.
      Actividades de formaci\u00f3n en materia de \u00e9tica p\u00fablica
      La capacitaci\u00f3n de funcionarios en materia de \u00e9tica p\u00fablica constituye una pr\u00e1ctica ineludible en la
      b\u00fasqueda de funcionarios que puedan autogestionar sus conflictos de intereses.
      Capacitaci\u00f3n y difusi\u00f3n
      Ejes tem\u00e1ticos
      La Oficina Anticorrupci\u00f3n capacit\u00f3 en los siguientes temas vinculados a pol\u00edticas de prevenci\u00f3n y lucha
      contra la corrupci\u00f3n, pol\u00edticas de integridad y \u00e9tica p\u00fablica.
      \u2022 Integridad en la funci\u00f3n p\u00fablica (Ley 25.188 y modificatorias) y C\u00f3digo de \u00c9tica (Decreto 41\/99);
      \u2022 Gesti\u00f3n y prevenci\u00f3n de los conflictos de intereses;
      \u2022 Canales de denuncia por hechos de corrupci\u00f3n;
      \u2022 Reglamentaci\u00f3n del R\u00e9gimen de Obsequios – Decreto 1179\/16;
      \u2022 Transparencia e Integridad en compras p\u00fablicas – Decreto 202\/17;
      \u2022 Derecho Penal y Corrupci\u00f3n;
      \u2022 R\u00e9gimen normativo sobre presentaci\u00f3n de Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales.
      La estrategia de capacitaci\u00f3n incluy\u00f3 la identificaci\u00f3n de audiencias cr\u00edticas (aquellos funcionarios y
      empleados p\u00fablicos que est\u00e9n comprendidos dentro de los siguientes grupos: empleados de unidades
      operativas de compras; \u00e1reas jur\u00eddicas \/ asesor\u00eda legal; auditores internos; funcionarios de alta direcci\u00f3n \/
      coordinadores; asesores de gabinete y\/o enlaces de integridad) y la centralizaci\u00f3n de la oferta de los
      cursos a trav\u00e9s del INAP, para garantizar la amplia convocatoria y la presencia de todos los organismos
      p\u00fablicos de la administraci\u00f3n central.
      Asimismo, se brindan cursos ad hoc para organismos rectores de la administraci\u00f3n central, universidades
      nacionales y enlaces de integridad p\u00fablica que trabajan en jurisdicciones de la administraci\u00f3n p\u00fablica.
      Cantidad de capacitados
      Entre 2016 y 2017 se capacitaron cerca de 4000 funcionarios y empleados p\u00fablicos.
      En 2018 ya se capacitaron 1750 funcionarios y empleados p\u00fablicos.
      Modalidad
      Del total, el 75% se dict\u00f3 en forma virtual \u2013 utilizando las plataformas jurisdiccionales (SICEP, Ministerio
      de Justicia) y Plataforma INAP, Ministerio de Modernizaci\u00f3n. El 40% restante se capacit\u00f3 con personal de
      la Oficina Anticorrupci\u00f3n.
      En l\u00edneas generales, la difusi\u00f3n de las actividades de la OA se realiza a trav\u00e9s de la p\u00e1gina web
      https:\/\/www.argentina.gob.ar\/anticorrupcion y link capacitaciones OA
      https:\/\/www.argentina.gob.ar\/anticorrupcion\/capacitaciones.
      Acceso a las resoluciones de la Oficina Anticorrupci\u00f3n a trav\u00e9s de un sistema de b\u00fasqueda por tema.
      Se encuentra en desarrollo una aplicaci\u00f3n on line, para consulta interna y externa de las resoluciones de la
      Oficina, a trav\u00e9s de la utilizaci\u00f3n de un sistema de voces o temas.
      De este modo, se procura dotar a la Oficina Anticorrupci\u00f3n de una herramienta de consulta de sus
      propios antecedentes y, al mismo tiempo, promover la difusi\u00f3n de los criterios interpretativos adoptados
      respecto de las normas sobre \u00e9tica p\u00fablica, incompatibilidades y conflictos de intereses.
      Se prev\u00e9 la implementaci\u00f3n de este sistema a partir del mes de julio de 2018
      Dise\u00f1o de material de difusi\u00f3n en materia de \u00e9tica p\u00fablica
      En forma complementaria al dictado de cursos relacionados con \u00e9tica p\u00fablica y \u2013en particular- conflictos
      de intereses, se han dise\u00f1ado afiches y tr\u00edpticos sobre pautas y deberes de comportamiento \u00e9tico,
      r\u00e9gimen de obsequios, etc.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

      Dise\u00f1o de manuales de procedimiento e instructivos
      La Oficina Anticorrupci\u00f3n ha aprobado un Instructivo para el Registro de Obsequios a
      Funcionarios P\u00fablicos, para posibilitar la adecuada carga de datos por parte de los funcionarios
      obligados. \u00c9ste se encuentra disponible en el link
      https:\/\/www.argentina.gob.ar\/sites\/default\/files\/oficina-anticorrupcion-instructivo-registro\u0002obsequios-funcionarios-publicos.pdf
      Asimismo, se ha aprobado un Instructivo para el Registro de Viajes Financiados por terceros,
      disponible en el link https:\/\/www.argentina.gob.ar\/sites\/default\/files\/oficina-anticorrupcion\u0002instructivo-registro-viajes-financiados-por-terceros.pdf
      Dise\u00f1o de material de estudio y an\u00e1lisis
      Se ha dise\u00f1ado un Manual sobre conflicto de intereses (Intereses P\u00fablicos vs. Intereses Privados – Gu\u00eda
      Pr\u00e1ctica para Comprender y Gestionar los Conflictos de Intereses) que se utiliza como material de estudio
      en los cursos de la Oficina Anticorrupci\u00f3n sobre esta materia, y que condensa los distintos criterios
      interpretativos de esta Oficina, en su car\u00e1cter de autoridad de aplicaci\u00f3n de la Ley de \u00c9tica P\u00fablica.
      Dicho manual est\u00e1 siendo actualizado para abarcar las \u00faltimas resoluciones en esta materia.
      b) Herramientas de autoconsulta \u2013 Simulador de conflicto de intereses
      A fin de fomentar la autoevaluaci\u00f3n de los funcionarios en la detecci\u00f3n de situaciones actuales o
      potenciales de conflictos de intereses, se desarroll\u00f3 e implement\u00f3 un \u00abSimulador de conflicto de
      intereses\u00bb, de consulta a trav\u00e9s de la web de la Oficina Anticorrupci\u00f3n (accediendo al link:
      http:\/\/simulador.anticorrupcion.gob.ar\/simulador.php?ciclo_id=1).
      Este aplicativo permite al propio funcionario, a trav\u00e9s de la respuesta a distintas preguntas
      formuladas por el sistema, detectar una eventual infracci\u00f3n a las normas de la Ley 25.188 \u2013a fin de
      procurar su inmediato cese- o el alcance de su deber de abstenci\u00f3n.
      c) Herramientas de autoconsulta \u2013 Preguntas frecuentes
      Tambi\u00e9n se ha actualizado y redise\u00f1ado la presentaci\u00f3n de \u201cpreguntas frecuentes\u201d de la p\u00e1gina web
      de la Oficina Anticorrupci\u00f3n, a fin de que el funcionario pueda encontrar respuesta a las situaciones
      m\u00e1s comunes o frecuentes.
      En materia de conflicto de intereses, se accede a dichas preguntas a trav\u00e9s del link:
      https:\/\/www.argentina.gob.ar\/consultarconflictodeintereses
      Los distintos temas son accesibles en las siguientes direcciones web:
      \uf0b7 En materia de incompatibilidades administrativas:
      https:\/\/www.argentina.gob.ar\/consultarincompatibilidades
      \uf0b7 Con relaci\u00f3n al r\u00e9gimen aprobado por el Decreto 202\/17
      https:\/\/www.argentina.gob.ar\/preguntas-frecuentes-sobre-los-decretos-de-integridad-y\u0002transparencia
      \uf0b7 Respecto del r\u00e9gimen de obsequios a funcionarios p\u00fablicos.
      https:\/\/www.argentina.gob.ar\/consultar-sobre-regimen-de-obsequios-funcionarios-publicos
      d) Acci\u00f3n preventiva sobre casos particulares
      Las Instrucciones Preventivas son Comunicaciones Oficiales que la Oficina Anticorrupci\u00f3n env\u00eda a los
      funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional como parte de su estrategia de prevenci\u00f3n de conflictos de
      intereses. El objetivo es que el funcionario conozca cu\u00e1les son las conductas que tiene prohibidas y\/o en
      qu\u00e9 asuntos debe abstenerse de intervenir, de conformidad con la Ley de \u00c9tica en el Ejercicio de la
      Funci\u00f3n P\u00fablica.
      Cada instrucci\u00f3n preventiva implica el an\u00e1lisis de la situaci\u00f3n particular de un funcionario, teniendo en
      cuenta sus funciones y sus vinculaciones tanto previas como actuales.
      El an\u00e1lisis se realiza en base a la informaci\u00f3n que se encuentra disponible en la Oficina Anticorrupci\u00f3n
      como las Declaraciones Juradas, el Curriculum Vitae del funcionario, publicaciones en el Bolet\u00edn Oficial, y
      otras bases de datos.
      Existen diferentes oportunidades en las que la Oficina Anticorrupci\u00f3n realiza una Instrucci\u00f3n Preventiva.
      A. POR CONSULTA. La consulta realizada por un funcionario de manera espont\u00e1nea puede motivar una
      Instrucci\u00f3n Preventiva por parte de la Oficina Anticorrupci\u00f3n.
      B. EN FORMA PREVIA A LA DESIGNACI\u00d3N. En los casos en los que un organismo p\u00fablico identifique una
      situaci\u00f3n que amerite ser resuelta por la Oficina Anticorrupci\u00f3n previo a la designaci\u00f3n. A trav\u00e9s de un
      dictamen t\u00e9cnico, se analiza si el candidato tiene alg\u00fan impedimento para acceder a la funci\u00f3n p\u00fablica o si
      resulta necesario que se tomen medidas en forma previa a asumir.
      Ello adem\u00e1s de brindar la posibilidad de conocer, apenas iniciada la funci\u00f3n p\u00fablica, el alcance de sus
      deberes y restricciones.
      C. POR DENUNCIA. Al recibirse una denuncia, pueden realizarse instrucciones preventivas como primera
      medida en el curso de la investigaci\u00f3n.
      D. DE OFICIO. Se efect\u00faan en los siguientes casos: i) cuando se toma conocimiento de la designaci\u00f3n de
      funcionarios a trav\u00e9s de Bolet\u00edn Oficial ii) cuando se realiza un an\u00e1lisis integral de la estructura de un
      organismo p\u00fablico
      e) La designaci\u00f3n de Enlaces
      En 2017 la Rep\u00fablica Argentina adhiri\u00f3 a la Recomendaci\u00f3n del Consejo de la OCDE sobre Integridad
      P\u00fablica de la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3micos (OECD, por sus siglas en ingl\u00e9s)
      en la que recomienda que los pa\u00edses desarrollen un sistema coherente y global en materia de integridad
      p\u00fablica. Entre las recomendaciones, los pa\u00edses adherentes deber\u00e1n promover \u201cmecanismos para la
      cooperaci\u00f3n horizontal y vertical entre todos los funcionarios, entidades y organismos p\u00fablicos, y siempre
      que sea posible, con y entre niveles subnacionales de la administraci\u00f3n, vali\u00e9ndose de medios formales e
      informales, para favorecer la coherencia y evitar duplicidades y lagunas, y para compartir y beneficiarse
      de las lecciones aprendidas derivadas de buenas pr\u00e1cticas\u201d (Punto II. Recomendaci\u00f3n Nro. 2
      \u201cResponsabilidades\u201d, disponible en https:\/\/www.oecd.org\/gov\/ethics\/recomendacion-sobre-integridad\u0002es.pdf).
      En este marco, durante el mes de mayo de 2017, la Oficina Anticorrupci\u00f3n solicit\u00f3 a los organismos de la
      administraci\u00f3n p\u00fablica nacional y subnacional que designen un \u201cEnlace de Integridad P\u00fablica\u201d con el
      objeto de \u201cpromover est\u00e1ndares, intercambiar buenas pr\u00e1cticas y facilitar la comunicaci\u00f3n en el \u00e1mbito
      nacional e internacional de los avances y desaf\u00edos que tiene la Argentina\u201d y en cumplimiento de las
      Convenciones Internacionales de Lucha contra la Corrupci\u00f3n a las que suscribi\u00f3 la Rep\u00fablica Argentina
      (Decreto 466\/2007).
      En respuesta a dicha solicitud, se recibi\u00f3 la designaci\u00f3n de cerca de 60 funcionarios de la administraci\u00f3n
      p\u00fablica nacional y subnacional. En este sentido, el 20 de marzo de 2018 la Oficina Anticorrupci\u00f3n organiz\u00f3
      el primer encuentro de los enlaces designados a fin de propiciar la creaci\u00f3n de una Red de Enlaces de
      Integridad que promueva la discusi\u00f3n acerca del rol y alcance de sus funciones y tareas. Cabe se\u00f1alar que
      en el encuentro tuvo lugar un taller de capacitaci\u00f3n para la puesta en com\u00fan de temas vinculados a la
      normativa aplicable en materia de \u00e9tica p\u00fablica (Ley 25.188, Decreto 41\/99, Decreto 466\/07, Decreto
      1176\/16, Decreto 202\/17, entre otras).
      Finalmente, cabe destacar que esta iniciativa se menciona en la Carta de Jefatura de Gabinete sobre
      Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupci\u00f3n de fecha 18 de abril de 2018, como parte de la
      estrategia de promoci\u00f3n de un sistema de integridad p\u00fablica (disponible en:
      https:\/\/www.casarosada.gob.ar\/informacion\/discursos\/79-informacion\/carta-jefatura-gabinete\/42529-
      carta-de-jefatura-de-gabinete-11-integridad-transparencia-y-lucha-contra-la-corrupcion).<\/p>\n\n\n\n

      1. Principales herramientas de detecci\u00f3n de los conflictos de intereses
        desarrolladas por la Oficina Anticorrupci\u00f3n
        Resulta imprescindible contar con herramientas que permitan detectar aquellas situaciones que pueden
        configurar un conflicto de intereses, para as\u00ed operar sobre sus consecuencias y evitar que en su contexto
        se emitan actos susceptibles de ser anulados, con el perjuicio que ello genera tanto para el Estado como
        para los terceros contratantes de buena fe.
        Las normas sobre \u00e9tica p\u00fablica brindan instrumentos que permiten esta detecci\u00f3n tanto por parte de
        quien resulta autoridad de aplicaci\u00f3n como de la ciudadan\u00eda.
        Entre ellas encontramos:
        3.1. Control y publicidad de las declaraciones juradas patrimoniales y de intereses
        La posibilidad de visualizar el contenido de las declaraciones juradas patrimoniales y de intereses permite
        a la autoridad de aplicaci\u00f3n analizar, a la luz de esta informaci\u00f3n, la eventual existencia de conflictos de
        intereses actuales o potenciales.
        En tal sentido, puede detectarse \u2013por ejemplo- la existencia de v\u00ednculos o intereses que generen el deber
        de abstenci\u00f3n o excusaci\u00f3n, y verificar su efectivo cumplimiento. En efecto, es posible que el funcionario
        declare ser accionista de una empresa sujeta a sus atribuciones, o ser deudor, acreedor o familiar
        (c\u00f3nyuge o padre) de una persona sobre la que deba adoptar decisiones.
        Por otra parte, su difusi\u00f3n permite contar con el significativo apoyo de la ciudadan\u00eda que puede analizar la
        situaci\u00f3n de funcionarios cuya situaci\u00f3n le resulte de inter\u00e9s e informar a la autoridad de aplicaci\u00f3n en
        caso de que detecte inconsistencias o eventuales conflictos.
        3.2. Tr\u00e1mite de actuaciones de oficio (sobre la base de informaci\u00f3n period\u00edstica o
        an\u00e1lisis de DDJJs) por consulta o denuncia
        La Oficina Anticorrupci\u00f3n tambi\u00e9n realiza actuaciones bajo la forma de un expediente administrativo que
        culmina con el dictado de una resoluci\u00f3n en la que se concluye si se ha configurado o no una infracci\u00f3n a
        la Ley de \u00c9tica en el Ejercicio de la Funci\u00f3n P\u00fablica.
        Estas tienen inicio por denuncia o de oficio, es decir, por decisi\u00f3n de la propia Oficina Anticorrupci\u00f3n,
        cuando detecte la posibilidad de que se haya configurado una irregularidad que pudiera dar lugar a la
        responsabilidad disciplinaria, patrimonial o sobre la validez de los actos realizados en conflicto de
        intereses.
        En el tr\u00e1mite de estas actuaciones se siguen los pasos previstos en la Ley de Procedimientos
        Administrativos N\u00b0 19.549 y en la Resoluci\u00f3n del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 1316 del<\/li>

      2. a) Se inician las actuaciones
        b) Se recaba la informaci\u00f3n necesaria. La misma se obtiene, entre otras medidas, solicitando pedidos
        de informes u oficios que tienen como plazo de respuesta diez d\u00edas h\u00e1biles. En caso de
        incumplimiento de los t\u00e9rminos requeridos, se realizan notas reiteratorias bajo apercibimiento de
        denuncia penal.
        c) Producida la totalidad de la prueba, se corre traslado (vista) de las actuaciones al funcionario para
        que formule su descargo. El plazo es de diez d\u00edas h\u00e1biles.
        d) Presentado el descargo o vencido el plazo fijado para hacerlo \u2013salvo que en denunciado ofrezca
        nueva prueba- se elabora un informe final y un proyecto de resoluci\u00f3n. El mismo se remite para su
        dictamen a la Direcci\u00f3n General de Asuntos Jur\u00eddicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
        e) Devueltas las actuaciones, se realiza la resoluci\u00f3n final. Si es un caso de conflicto de intereses u otra
        infracci\u00f3n a la Ley de \u00c9tica P\u00fablica, la resoluci\u00f3n podr\u00e1 ser objeto de recursos administrativos y\/o
        judiciales.
        OPEN-ENDED INTERGOVERNMENTAL WORKING GROUP ON THE
        PREVENTION OF CORRUPTION
        THEMATIC COMPILATION OF RELEVANT INFORMATION SUBMITTED
        BY ARGENTINA
        ARTICLE 7, PARAGRAPH 4 UNCAC
        CONFLICT OF INTEREST
        ARGENTINA (THIRD MEETING)
        Conflictos de Intereses de Funcionarios P\u00fablicos
        La Oficina Anticorrupci\u00f3n es la autoridad de aplicaci\u00f3n de la Ley N\u00ba 25.188 de \u00c9tica en
        el Ejercicio de la Funci\u00f3n P\u00fablica teniendo entre sus funciones la detecci\u00f3n y el an\u00e1lisis
        de situaciones de conflictos de intereses en el \u00e1mbito de la Administraci\u00f3n P\u00fablica
        Nacional.
        Las situaciones de conflictos de intereses pueden ser detectadas a partir de:<\/li><\/ol>\n\n\n\n
        • la revisi\u00f3n de las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los
          funcionarios p\u00fablicos de las que surja una situaci\u00f3n de conflicto entre los
          intereses privados del funcionario y el inter\u00e9s p\u00fablico;<\/li>
        • la consulta de los propios funcionarios respecto de situaciones que les generan
          dudas;<\/li>
        • denuncias presentadas por particulares ante la Oficina o noticias period\u00edsticas de
          las que surjan indicios de la existencia de conflictos de esta naturaleza.
          En estos casos, se procede a la formaci\u00f3n de expedientes administrativos en los que se
          eval\u00faa la informaci\u00f3n inicial, se recolecta documentaci\u00f3n adicional, se analiza
          jur\u00eddicamente la cuesti\u00f3n y se emite la pertinente resoluci\u00f3n.
          Otro aspecto en el que la Oficina Anticorrupci\u00f3n interviene es en la detecci\u00f3n de
          situaciones de incompatibilidad por acumulaci\u00f3n de cargos, o sea, funcionarios que
          pudieran tener m\u00e1s de un cargo en la Administraci\u00f3n P\u00fablica Nacional, Provincial o
          Municipal. Dichos casos son remitidos, previa actuaci\u00f3n del \u00c1rea de Conflictos de
          Intereses e Incompatibilidades de la DPPT, a la Oficina Nacional de Empleo P\u00fablico,
          dependiente de la Subsecretar\u00eda de la Gesti\u00f3n y Empleo P\u00fablico (Secretar\u00eda de la Gesti\u00f3n
          P\u00fablica, Jefatura de Gabinete de Ministros).
          En su car\u00e1cter de autoridad de aplicaci\u00f3n de la Ley 25.188 de \u00c9tica en el Ejercicio de la
          Funci\u00f3n P\u00fablica en el \u00e1mbito de la Administraci\u00f3n P\u00fablica Nacional, a la OFICINA
          ANTICORRUPCION le compete prevenir, analizar y\/o detectar la configuraci\u00f3n de
          conflictos de intereses en los que podr\u00edan incurrir los funcionarios p\u00fablicos en el marco
          de su gesti\u00f3n, siendo necesario, en consecuencia, delimitar las circunstancias f\u00e1cticas que
          conforman tal situaci\u00f3n. Al respecto, durante el a\u00f1o 2011 se han dictado 25 resoluciones
          en el marco de expedientes resueltos (1 abstracta, 10 desestimadas, 11 detectada y 3 con
          recomendaciones preventivas).
          Conflictos de intereses:
          A modo de referencia sobre la tem\u00e1tica a abordar, sugerimos consultar el libro
          \u201cConflictos de Intereses. Disyuntivas entre lo p\u00fablico y lo privado y la prevenci\u00f3n de la
          Corrupci\u00f3n\u201d Oficina Anticorrupci\u00f3n. Serie: Estrategias para la Transparencia, 2009. El
          cual puede ser consultado en www.anticorrupcion.gov.ar ingresando en la opci\u00f3n
          \u201cpublicaciones\u201d.
          En el a\u00f1o 1999, la Rep\u00fablica Argentina aprueba el C\u00f3digo de \u00c9tica de la Funci\u00f3n P\u00fablica
          (Decreto 41\/99) y la Ley de \u00c9tica en el Ejercicio de la Funci\u00f3n P\u00fablica (25.188).
          La sanci\u00f3n de la Ley Nro. 25.188 vino, por otro lado, a dar cumplimiento con lo
          dispuesto en el \u00faltimo p\u00e1rrafo del art\u00edculo 36 de la Constituci\u00f3n Nacional, el que
          establece: \u201cEl Congreso sancionar\u00e1 una ley sobre \u00e9tica p\u00fablica para el ejercicio de la
          funci\u00f3n\u201d.
          Esta Ley establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades para todos
          los magistrados, funcionarios y empleados del Estado. Se recoge el concepto amplio de
          empleado p\u00fablico (toda persona que realiza o contribuye a que se realicen funciones
          especiales y espec\u00edficas propias de la administraci\u00f3n).
          En su cap\u00edtulo V, regula espec\u00edficamente a los conflictos de intereses.
          Por otro lado, es necesario aclarar que en el \u00e1mbito del Poder Ejecutivo Nacional, la
          Oficina Anticorrupci\u00f3n (OA) es la Autoridad de Aplicaci\u00f3n de la Ley de \u00c9tica en el
          Ejercicio de la Funci\u00f3n P\u00fablica (Decreto Nro. 164\/99 y Resoluci\u00f3n del Ministerio de
          Justicia y Derechos Humanos Nro. 17\/00).
          Las situaciones de conflictos de intereses pueden ser detectadas a partir de:<\/li>
        • la revisi\u00f3n de las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los
          funcionarios p\u00fablicos de las que surja una situaci\u00f3n de conflicto entre los
          intereses privados del funcionario y el inter\u00e9s p\u00fablico;<\/li>
        • la consulta de los propios funcionarios respecto de situaciones que les generan
          dudas;<\/li>
        • denuncias presentadas por particulares ante la Oficina, remisiones de otros
          organismos p\u00fablicos o noticias period\u00edsticas de las que surjan indicios de la
          existencia de conflictos de esta naturaleza.
          En estos casos, se procede a la formaci\u00f3n de expedientes administrativos en los que se
          eval\u00faa la informaci\u00f3n inicial, se recolecta documentaci\u00f3n adicional, se analiza
          jur\u00eddicamente la cuesti\u00f3n y se emite la pertinente resoluci\u00f3n (procedimiento aprobado por
          la Resoluci\u00f3n Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Nro. 1316\/08).
          Otro aspecto en el que la Oficina Anticorrupci\u00f3n interviene es en la detecci\u00f3n de
          situaciones de incompatibilidad por acumulaci\u00f3n de cargos \u2013 o sea, funcionarios que
          pudieran tener m\u00e1s de un cargo en la Administraci\u00f3n P\u00fablica Nacional, Provincial o
          Municipal \u2013 o por superponer el ejercicio de un cargo con la percepci\u00f3n de un haber
          previsional. Dichos casos son remitidos, previa actuaci\u00f3n del \u00c1rea de Conflictos de
          Intereses e Incompatibilidades de la Direcci\u00f3n de Planificaci\u00f3n de Pol\u00edticas de
          Transparencia \u2013DPPT- y de la elaboraci\u00f3n de un informe final, a la Oficina Nacional de
          Empleo P\u00fablico, dependiente de la Subsecretar\u00eda de la Gesti\u00f3n y Empleo P\u00fablico
          (Secretar\u00eda de la Gesti\u00f3n P\u00fablica, Jefatura de Gabinete de Ministros).
          La experiencia de la Oficina Anticorrupci\u00f3n denota un importante movimiento en materia
          de expediente en los que se analizan posibles situaciones de conflictos de intereses e
          incompatibilidades, muchos de los cuales derivan en recomendaciones preventivas a los
          funcionarios p\u00fablicos, como puede ser el abstenerse de intervenir en aquellos asuntos
          respecto a los cuales se encuentren comprendidos en alguna de las causales de excusaci\u00f3n
          previstas en la normativa vigente o intervenir en asuntos en los cuales se halle
          comprometido su inter\u00e9s personal.
          La Ley 25.188, en su cap\u00edtulo V establece:
          CAPITULO V
          Incompatibilidades y Conflicto de intereses
          ARTICULO 13. \u2014 Es incompatible con el ejercicio de la funci\u00f3n p\u00fablica:
          a) dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar
          servicios a quien gestione o tenga una concesi\u00f3n o sea proveedor del Estado, o realice
          actividades reguladas por \u00e9ste, siempre que el cargo p\u00fablico desempe\u00f1ado tenga
          competencia funcional directa, respecto de la contrataci\u00f3n, obtenci\u00f3n, gesti\u00f3n o control
          de tales concesiones, beneficios o actividades;
          b) ser proveedor por s\u00ed o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempe\u00f1e
          sus funciones.
          ARTICULO 14. \u2014 Aquellos funcionarios que hayan tenido intervenci\u00f3n decisoria en la
          planificaci\u00f3n, desarrollo y concreci\u00f3n de privatizaciones o concesiones de empresas o
          servicios p\u00fablicos, tendr\u00e1n vedada su actuaci\u00f3n en los entes o comisiones reguladoras de
          esas empresas o servicios, durante TRES (3) a\u00f1os inmediatamente posteriores a la \u00faltima
          adjudicaci\u00f3n en la que hayan participado.
          (Art\u00edculo sustituido por art. 1\u00b0 del Decreto N\u00b0 862\/2001 B.O. 2\/7\/2001).
          ARTICULO 15. \u2014 En el caso de que al momento de su designaci\u00f3n el funcionario se
          encuentre alcanzado por alguna de las incompatibilidades previstas en el Art\u00edculo 13,
          deber\u00e1:
          a) Renunciar a tales actividades como condici\u00f3n previa para asumir el cargo.
          b) Abstenerse de tomar intervenci\u00f3n, durante su gesti\u00f3n, en cuestiones particularmente
          relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los \u00faltimos
          TRES (3) a\u00f1os o tenga participaci\u00f3n societaria.
          (Art\u00edculo sustituido por art. 2\u00b0 del Decreto N\u00b0 862\/2001 B.O. 2\/7\/2001).
          ARTICULO 16. \u2014 Estas incompatibilidades se aplicar\u00e1n sin perjuicio de las que est\u00e9n
          determinadas en el r\u00e9gimen espec\u00edfico de cada funci\u00f3n.
          ARTICULO 17. \u2014 Cuando los actos emitidos por los sujetos del art\u00edculo 1\u00ba est\u00e9n
          alcanzados por los supuestos de los art\u00edculos 13, 14 y 15, ser\u00e1n nulos de nulidad absoluta,
          sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe. Si se tratare del dictado de un acto
          administrativo, \u00e9ste se encontrar\u00e1 viciado de nulidad absoluta en los t\u00e9rminos del art\u00edculo
          14 de la ley 19.549.
          Las firmas contratantes o concesionarias ser\u00e1n solidariamente responsables por la
          reparaci\u00f3n de los da\u00f1os y perjuicios que por esos actos le ocasionen al Estado.
          ARGENTINA (SECOND MEETING<\/li><\/ul>\n\n\n\n
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          https:\/\/www.unodc.org\/documents\/corruption\/WG-Prevention\/Art_7_Conflicts_of_interest\/Argentina.pdf THEMATIC COMPILATION OF RELEVANT INFORMATION SUBMITTED BY ARGENTINAARTICLE 7, PARAGRAPH 4 UNCACCONFLICT OF INTERESTARGENTINA (NINTH MEETING) Marco normativo de los Conflictos de InteresesA continuaci\u00f3n …<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_mi_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/losintereses.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/152"}],"collection":[{"href":"http:\/\/losintereses.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/losintereses.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/losintereses.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/losintereses.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=152"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/losintereses.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/152\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":153,"href":"http:\/\/losintereses.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/152\/revisions\/153"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/losintereses.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=152"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/losintereses.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=152"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/losintereses.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=152"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}